El Gobierno Vasco pretende imponer graves recortes en la Educación de Adultos

El pasado 15 de mayo el Gobierno Vasco publicó una resolución que pretende regular la configuración de grupos y la relación de puestos de trabajo en los Centros de Educación de Personas Adultas.

En la misma se establecen números mínimos de alumnos y alumnas para configurar grupos y se limitan los grupos de enseñanza no reglada (estudios para el aprendizaje de euskara o castellano para extranjeros, para la preparación del acceso a la universidad, a Ciclos Formativos Superiores o los Certificados de Profesionalidad) a los recursos que existan para la enseñanza reglada.

Así mismo, el Departamento de Educación está cambiando los criterios para la configuración de los grupos y la consideración a dar a los mismos para así justificar el recorte en la dotación de puestos de trabajo. Es decir que en la enseñanza reglada se cambian los criterios para la configuración de los grupos y de ese modo se recortan los recursos; y en la enseñanza no reglada, al no poder haber más grupos que en la enseñanza reglada, se añaden nuevos recortes, a pesar de que esos grupos sean de los estudios antes mencionados; dejando de ese modo sin posibilidades de estudio a las personas con esas necesidades formativas. En algunos casos los grupos de castellano o euskara para extranjeros sufren un recorte del 50%.

Para ELA la decisión adoptada por el Departamento de Educación es extremadamente grave, ya que antepone el ahorro en personal y recursos a la cobertura del derecho básico a la educación o a garantizar una educación de calidad para todos y todas. Con esta decisión el Gobierno Vasco pone en peligro el derecho fundamental a la educación, destruye decenas de puestos de trabajo, los Centros para la Educación de Personas Adultas dispondrán de mucho menos personal y menos medios, se multiplicarán las cargas de trabajo y se pone en riesgo la educación de personas adultas en centros de pocos alumnos, en el entorno rural o en centros penitenciarios.

Por todo ello, ELA exige al Gobierno Vasco la rectificación inmediata de la resolución en cuestión y deje de imponer más recortes. Creemos que están en juego derechos fundamentales y una educación de calidad, precisamente en detrimento de personas que menos recursos y oportunidades tienen.