El personal de Educación Pública de la CAPV exige al Gobierno vasco que se cumplan unas reivindicaciones básicas comunes para el próximo curso
El personal de Educación Pública de la CAPV se concentra frente a la sede del Gobierno vasco, en Bilbao, para exigir a Departamento de Cristina Uriarte que negocie el inicio del próximo curso escolar para que el alumnado y el profesorado. ELA, LAB, Steilas, CCOO eta UGT, sindicatos convocantes de la movilización, acusan al Departamento que regenta Cristina Uriarte de tomar decisiones de forma unilateral, sin dar explicaciones, sin asumir responsabilidades ni ejercer el liderazgo en la gestión de una situación de excepción creada por la pandemia. “Un Departamento de Educación que no ha querido negociar con los y las representantes de los y las trabajadoras las medidas de seguridad y salud ante el retorno a los centros educativos y estudios presenciales, ni ha dado ni negociado criterios comunes para las diferentes redes educativas”, denuncian. Recuerdan que se trata de decisiones que ha tomado semana tras semana y ha tenido que rechazar, especialmente debido a la presión de la comunidad educativa como es el caso de la decisión de retornar a los estudios presenciales el 18 de mayo.
Ante este final de curso, todos los sindicatos del ámbito educativos de la CAV, solicitaron una reunión para acordar y negociar el inicio del curso 2020/2021. De la misma manera, registraron un documento propositivo dirigido al Departamento de Educación, documento que recogía los puntos a tener en cuenta para la planificación del comienzo del próximo curso. En dicha propuesta abandonaron la idea de un comienzo de curso habitual y solicitában que se comparta, negocie y acuerde con los y las representantes del personal la previsión real de la planificación general del curso siguiente como de los diferentes escenarios reales y recursos, medidas de seguridad y condiciones de cara a cada escenario.
Los sindicatos recalcan que aún no han recibido respuesta alguna, es más, añaden que “aunque se hayan sentado y hablado con otros agentes del ámbito educativo, a los sindicatos nos han menospreciado”.
Subrayan que el Departamento de Educación no puede “aprovecharse de la situación creada por la COVID-19 para seguir tomando decisiones unilaterales y debilitar lo que es un servicio público básico, la Educación”. Añaden que, aunque lo ocurrido en los últimos meses ha dejado claro que es hora de reforzar más que nunca los servicios públicos, “no parece que el Departamento de Educación tenga intención de reforzar el sistema educativo”.
Los sindicatos se muestran preocupados por la Educación Públicla, porque consideran que se han aplicado una serie de decisiones restrictivas que pueden servir de precedente a recortes más duros de cara al próximo curso; entre otras, la intención de suspender los cursos IRALE o la destrucción de puestos de trabajo prevista en las relaciones de puestos de trabajo trasladadas a los centros educativos.