ELA denuncia que la posición del tribunal de Pau pone en peligro el futuro de la ikastola de Hendaia

El pasado 14 de Junio, por segunda vez en seis meses, el subdelegado del gobierno en Baiona prohibió al ayuntamiento de Hendaia su decisión de ayudar con dinero público la construcción de un nuevo edificio para la ikastola. Para ello, se basa nuevamente en una interpretación absolutamente descontextualizada y restrictiva de la ley Falloux del s.XIX., que contradice la interpretación que viene haciendo el Estado francés desde 1969 y contaba con el acuerdo de las instituciones y organizaciones de Iparralde.

Como consecuencia de esta decisión, las ikastolas no podrían recibir dinero público para desarrollar su proyecto educativo, a pesar de que en Iparralde escolaricen a más de 3.000 alumnas y alumnos, posibilitando así su euskaldunización.

Esta prohibición del Estado francés pone en grave peligro el futuro de la ikastola de Hendaia y el de 180 familias y 250 alumnos y alumnas; y, en caso de extenderse, amenaza el futuro de las 30 ikastolas de Iparralde.

Debido a la falta de reconocimiento por parte del Estado de otros idiomas que no sean el francés, el no reconocimiento de Iparralde y su lamentable política educativa, las ikastolas son los únicos colegios que garantizan en Iparralde una educación en euskara y permiten el desarrollo de la cultura e identidad vasca.

Por ello, para ELA resulta extremadamente grave y un ataque inaceptable en contra del euskara y de la cultura e identidad vasca, el que se trate de impedir la existencia y el desarrollo de la ikastola de Hendaia y se amenace con hacer lo mismo con el resto de ikastolas de Iparralde.

Por todo ello, ELA se solidariza y da su apoyo a la Ikastola de Hendaia y Seaska y, tal y como se viene reivindicando desde el inicio de este conflicto, ve necesaria una ley propia que proteja a las ikastolas de Iparralde y garantice su normal funcionamiento y su desarrollo.