ELA reivindica criterios propios para la selección de profesorado
Ayer 29 de abril sereunió en Madrid la mesa sectorial estatal de funcionarios docentes para tratar del Estatuto Docente. Proceso iniciado ya el pasado curso.
Pasados cinco meses desde la última reunión el Ministerio de Educación todavía no ha aclarado los principales contenidos que quiere recoger en dicho estatuto y únicamente a presentado un escueto borrador sobre los criterios de selección de las y los funcionarios de carrera docentes.
En él se prevé una prueba que acredite “un adecuado nivel de dominio” de idioma extranjero: Del mismo modo, se deberá acreditar “una suficiente competencia digital” que tampoco se especifica.
Unido a todo ello, y a pesar de que es texto resulte muy ambiguo, se abre la posibilidad a que la experiencia y el resto de méritos pierdan peso en la selección (“La valoración de los méritos en la fase de concurso sólo podrá otorgar una puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo y que será únicamente aplicable a quienes hayan superado la fase de oposición”). Posibilidad que gana credibilidad viendo la actuación al respecto en las comunidades gobernadas por el PP.
Otras cuestiones, caso del acceso a la docencia en FP sin acreditar estudios universitarios, por ejemplo, también quedan en el aire y sin concretar.
ELA no admite el intento de Madrid de imponer los criterios de acceso al funcionariado docente y reivindica criterios propios para ello tanto en la CAPV como en Navarra. Por ello, pide también al Gobierno de Navarra y al Gobierno Vasco que defiendan la misma exigencia.
En cuanto a los contenidos, el sindicato ve con preocupación las consecuencias que medidas como estas puedan tener en un colectivo que sufre una temporalidad del 25-30% y gran número de docentes en interinidades de muy larga duración.
Resultaría inaceptable solicitar ahora de modo inmediato el domino de idiomas extranjeros y capacitación informática y plantearlo como responsabilidad de las trabajadoras y trabajadores, y que la propia administración no garantice la adquisición de estas habilidades que ella misma pueda exigir tanto en las titulaciones que dan acceso a la docencia como en la formación permanente.
Por último, resulta frustrante que dentro de un planteamiento de desarrollo del estatuto docente no se presenten auténticas medidas que mejoren las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del sector y el desarrollo de medidas y recursos que mejoren el desempeño de la función docente, aduciendo para ello la existencia de una evidente restricción presupuestaria.