La nueva reforma educativa es una nueva intromisión en las competencias educativas vascas
El anuncio de una nueva reforma educativa por parte del nuevo gobierno de Madrid eliminando el 4º curso de la ESO y la conversión de la asignatura de “Educación para la ciudadanía” en “Formación cívica y constitucional”, no responde a las necesidades educativas de la sociedad vasca y es una nueva imposición e intromisión en las competencias educativas de las administraciones vascas.
El argumento más utilizado por los diferentes gobiernos españoles para plantear reformas parecidas es el alto grado de fracaso escolar, muy superior a la media europea, el escaso desarrollo de la formación profesional y la necesidad de acercar la escuela al mundo laboral y empresarial. No obstante, la realidad y las necesidades educativas de la sociedad vasca poco se parecen a las españolas, por lo que no se puede pretender aplicar la misma receta a realidades y necesidades diferentes. Además, resulta muy peligroso someter la educación a las necesidades del mundo laboral y empresarial.
Por otra parte, resulta inaceptable que como se viene haciendo de forma sistemática y continuada, el gobierno de Madrid recorte a base de leyes y normas básicas la competencia plena en educación que tiene el Gobierno Vasco, haciendo del Departamento de Educación del Gobierno Vasco una sucursal de Ministerio de Educación.
En cuanto a la conversión de la asignatura “Educación para la ciudadanía” en “Formación cívica y constitucional”, no deja de ser un cambio motivado por un interés ideológico que, a la espera de su desarrollo curricular, hace temer por un intento de eliminar las visiones de la sociedad que no le gustan al PP y uniformar las diferencias nacionales existentes en el Estado. Si finalmente esto es así, se trataría de un nuevo intento, totalmente inaceptable, por imponer una interpretación política y una normativa constitucional en absoluto compartida en Euskal Herria.
Resulta llamativo al respecto que el Gobierno Vasco haya entrado a criticar únicamente algunos de los contenidos de la reforma propuesta por el PP, pero no haya hecho una firme defensa de la autonomía del ejecutivo vasco en materia educativa.
A su vez, la consejera de educación Isabel Celaá, ha aprovechado la ocasión para hacer propaganda del esfuerzo de su gobierno por blindar la enseñanza en medio de la crisis y la convocatoria de 556 plazas a OPE. Pero oculta que desde el 2009 el ejecutivo a recortado casi en 300 millones el presupuesto destinado a educación y que ha dejado sin convocar 3.029 plazas de las acordadas para educación en Mesa General. La consejera pone como escusa que el gobierno del PP quiere limitar su intención de convocatoria de las plazas restantes, cuando en los tres años en los debía haber desarrollado el acuerdo de convocatoria de 5.100 plazas para educación únicamente ha convocado 2.071.
Por todo ello, ELA exige al gobierno de Madrid que no invada las competencias vascas. Y pide al Gobierno Vasco que defienda el marco vasco de decisión, saque a concurso las plazas acordadas y deje de recortar la educación y las condiciones de las trabajadoras y trabajadores e impulse la inversión en educación en la CAPV.