Las huelgas de la enseñanza concertada han sido utilizadas para firmar un preacuerdo que no garantiza el poder adquisitivo

En las conversaciones mantenidas con el Gobierno Vasco en torno a la Ley Educativa, a ELA se le propuso lo mismo. Sin embargo, ELA consideró que para aprobar dicha equiparación salarial, también debía garantizarse el poder adquisitivo, junto con otras reivindicaciones. Recordemos que el personal del sector público ha sufrido una pérdida del poder adquisitivo importante: en dos años se les ha reducido el salario un 5% más, y la última década acumulan una pérdida total del 20%. ELA no puede aceptar esa pérdida ni en el sector público, ni en la educación concertada. Por ello, no puede dar por buena la equiparación salarial en esos términos, puesto que supone aceptar recortes. Este ha sido, precisamente, uno de los motivos para realizar huelgas en la educación pública y en la de iniciativa social.

En vísperas de aprobarse la Ley Educativa, y para dar respaldo sindical a esta, LAB acordó con la administración la equiparación salarial en cuatro años de las y los trabajadores de los centros concertados con los del sistema público, pero sin garantizar el poder adquisitivo. Sin embargo, debido a las huelgas en Iniciativa Social, el Gobierno Vasco ha aceptado que el 80% de la equiparación se realice en 2024. En cuanto a los años siguientes, LAB acordó con Educación incrementos salariales sin referencia al IPC; en consecuencia, el poder adquisitivo no está asegurado. Las trabajadoras y trabajadores de Ikastolas se han quedado sin poder de negociación y al albur del sector público.

Por otra parte, ELA considera incomprensible que se firme un acuerdo sin ninguna concreción ni garantías en cuanto a medidas no salariales, como por ejemplo para garantizar el empleo ante la bajada de la natalidad, o para reducir el aumento de las cargas de trabajo.

Asimismo, ELA quiere poner el foco en los plazos y el procedimiento empleados para llegar este preacuerdo. La mesa de negociación de las Ikastolas se adelantó: estaba prevista para el 24 de enero, pero se adelantó al día de ayer, a vísperas de la huelga en los centros de Iniciativa Social.

El preacuerdo en un sector donde LAB tiene mayoría le resulta útil al Gobierno Vasco y a las patronales para condicionar la negociación en un sector en que el mismo sindicato es marginal (8% de representación), dado que como la financiación pública para las Ikastolas y los centros de Iniciativa Social es la misma, el respaldo de LAB a incrementos inferiores al IPC dificulta el acuerdo en los centros de Iniciativa Social.

ELA cree que impulsando una dinámica de huelgas en las Ikastolas, hubiera sido posible mejorar las condiciones de todas las personas que trabajan en la red educativa privada, con garantías de empleo y reducción de cargas de trabajo. Las y los trabajadores de las Ikastolas merecen tener la posibilidad de ir a la huelga para luchar por unas condiciones de trabajo mejores y un marco legal educativo adecuados. Por eso, ELA no da por buena la actitud de LAB, que se ha valido de la lucha de las trabajadoras y trabajadores de Iniciativa Social para lograr el preacuerdo de Ikastolas, y porque ha situado la negociación al servicio de los intereses de las patronales y el Gobierno Vasco.