El TSJPV mantiene las medidas cautelares solicitadas por ELA y exige a Osakidetza que provea a su plantilla del material de protección necesario

El Tribunal da la razón a ELA y vuelve a requerir a Osakidetza que, con carácter urgente e inmediato, provea a sus trabajadores y trabajadoras de mascarillas FFP2 y FFP3; batas impermeables; mascarillas quirúrgicas; guantes y guantes de caña larga, ambos desechables; gafas de protección ocular de montura integral; gel hidroalcohólico; así como mamparas de separación para el personal administrativo de atención al paciente. El requerimiento de ha producido tras la vista celebrada en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco cuyo objeto era oír las alegaciones de Osakidetza, el Gobierno Vasco y el Ministerio Fiscal y en base a ellas, decidir si era oportuno mantener las medidas cautelares decretadas el pasado 03 de abril a petición de ELA.

Pues bien, una vez escuchadas las alegaciones y a la vista de la abundante prueba aportada por la representación de ELA, acreditativa de que Osakidetza sigue poniendo en riesgo la seguridad y la salud de su plantilla por la falta de material de protección suficiente y adecuado, el Tribunal ha considerado que la medida cautelar sigue siendo necesaria para garantizar la protección de la salud, la vida y la salud laboral de plantilla.

ELA denuncia que el Gobierno vasco trata de eludir  la responsabilidad que tanto Osakidetza como el Gobierno vasco tienen respecto de sus plantillas. No en vano, en su alegato, el Gobierno vasco ha sostenido que, en todo caso, deberíamos demandar al Ministerio de Sanidad Español, que es el que ostenta la competencia para comprar y distribuir el material de protección, sosteniendo asimismo, que el Gobierno Vasco es un mero gestor o distribuidor de ese material. “Sólo pretende eludir su responsabilidad, pero son ellos y no otros, los responsables de que la labor de todos/as los/as profesionales sea compatible con la salud laboral”, subraya ELA.

ELA subraya, una vez más, que la salud del colectivo debe ser compatible con el ejercicio profesional. “No puede quedar en un segundo plano por el hecho de que estemos ante un servicio esencial, ni porque estemos en una situación de emergencia sanitaria. No podemos normalizar el contagio ni condenar a la plantilla a acudir a su puesto de trabajo con un riesgo cierto para su salud, e incluso para su vida. La escasez de material de protección ha derivado en un alto nivel de contagio de la plantilla del ámbito sanitario que ha llegado a alcanzar el 18% de todos los positivos de la CAPV”, concluyen.