ELA considera que la postura de Osakidetza de cierre continuado de la Atención Primaria de Salud es negligente y exige que se recupere la atención presencial

La Atención Primaria de Salud (AP), antes de la pandemia por Covid-19, estaba reivindicando una serie de peticiones para poder mantener el nivel asistencial comunitario. La gravedad de la situación llevó a la plantilla a secundar tres días de huelga en 2019. La falta de inversión, los recortes en accesibilidad, oferta de servicios y escasez de profesionales, eran los puntos nucleares de aquellas reivindicaciones. Osakidetza puso a “trabajar” a un grupo de profesionales para desplegar su Estrategia de sostenibilidad de la AP. ELA siempre ha mantenido que el enfoque de esa estrategia era erróneo e insuficiente porque no ahondaba en el gran problema de la AP: la falta de inversión desde hace décadas. Faltaban recursos materiales, faltaban profesionales y, sobre todo, faltaba una apuesta clara para que la AP recobrara el papel de puerta de entrada al sistema sanitario.

La AP debe ser accesible, debe tener una cartera de servicios adecuada para atender a los/as pacientes pluripatológicos, vulnerables o en etapas vitales concretas. La dimensión de plantilla debe ser acorde a las necesidades poblacionales y hay que desplegar “de verdad” una estrategia donde cada profesional pueda desarrollar sus competencias sin entrar en las competencias del otro.

ELA denuncia que la inacción de Osakidetza antes y durante la pandemia por Covid-19, está poniendo en evidencia que ni había una previsión, ni había una voluntad real de apostar por la AP. En esta situación, donde la ciudadanía está siendo golpeada duramente por problemas de salud, Osakidetza cierra las puertas a los/las usuarios/as y les ofrece la alternativa telefónica en la mayoría de los casos.

Los/as Médicos de AP tienen agendas inabarcables en las que atienden entre 60-80 llamadas diarias. Hoy en día no pueden atender de manera presencial. La telemedicina debe ser una ayuda, pero no puede venir para quedarse. Los/as Médicos de AP tienen que ver a los/as usuarios/as, tienen que auscultarles, inspeccionarles físicamente…. TODO no se puede hacer por teléfono, ni mediante una foto.Las enfermeras están asumiendo la vacunación gripal, la atención indemorable a los/as pacientes crónicos y hacen labores de rastreadoras entre otras muchas. Las/os Auxiliares administrativos, nunca han dejado de estar al pie del cañón. Día a día este colectivo abre las puertas de los centros de salud y este colectivo las cierra. Intentan controlar una demanda que se desborda y que no pueden gestionar.

En esta situación se añade en la gestión del Covid-19 una nueva figura laboral: rastreador/a de casos. La plantilla que realiza estas labores no tiene ni un perfil profesional, ni una procedencia de centro de trabajo homogénea. Sin embargo, todas tienen el mismo cometido, pero no la misma retribución. Existe una brecha salarial provocada por complementos y guardias principalmente, que no todas las categorías perciben aun teniendo el mismo horario de trabajo. A ello se le añade el hecho de que, en muchos casos, la labores de rastreo las realizan profesionales que antes desarrollaban labores en centros de Atención Primaria y que no han sido sustituidos en esas funciones que realizaban, lo cual añade más presión, si cabe, a los centros de salud.

Ante esta evidencia, nadie puede cuestionar que el castillo de naipes que Osakidetza había construido con la AP se ha caído. ELA asegura que ni el despliegue de la Estrategia de sostenibilidad, lo hubiera mantenido en pie. Día a día los/as profesionales han acudido a sus centros de trabajo, con miedo primero, sin equipos individuales de protección después y con ansiedad hoy. Debemos denunciar además, que Osakidetza está aprovechando la excusa de la pandemia para cerrar o recortar recursos, tal y como está sucediendo con algunos PACs, por ejemplo.

ELA exige a Osakidetza que establezca urgentemente un plan para la AP. Una inversión real de recursos que haga que los/as profesionales puedan trabajar en condiciones dignas, físicas y emocionales. A la vez que reivindica el derecho que tiene la ciudadanía a ser atendida presencialmente y a que el diagnóstico y tratamiento de sus patologías no se vean demorados.