ELA fuerza a Osakidetza a plantear la subrogación del personal
ELA, gracias a su denuncia y su actuación, ha conseguido que Osakidetza recule en su intención de despedir a toda la plantilla (45 personas) de las ambulancias medicalizadas de Tolosa y Elgoibar y que se plantee subrogarla. El cambio de actitud se ha producido después de que ELA interpusiera un preaviso de huelga. El servicio, hasta ahora subcontratado, pasará a ser público, y en un principio, el ente público vasco pretendía hacerlo sin subrogar a los trabajadores y trabajadoras, es decir, despidiendo a la plantilla que había desempeñado ese trabajo hasta ahora.
La primera información trasladada por Osakidetza a la plantilla fue la extinción de los contratos, negando cualquier tipo de subrogación. Posteriormente, y ante el clima de conflicto generado, la Administración empezó a comunicar de manera individual a las personas trabajadoras la posibilidad de acceder a contratos de interinidad de carácter transitorio. ELA tuvo conocimiento de estas propuestas a través de los propios trabajadores y trabajadoras y valoró que se trataba de una fórmula claramente insuficiente, ya que no garantizaba la continuidad real del empleo, suponía pérdida de antigüedad y dejaba abierta la puerta a un despido posterior.
Finalmente, y fruto de la actuación de ELA, ha acabado planteando la subrogación del personal como consecuencia de la reversión del servicio al ámbito público.
En este contexto, ELA interpuso un preaviso de huelga, una decisión adoptada de forma conjunta con el resto de organizaciones sindicales del sector, que contribuyó de manera decisiva a que la Administración reconsiderara su postura. La insistencia sindical, el conflicto abierto y la evidencia de que el convenio colectivo amparaba la subrogación llevaron a que Osakidetza modificara su planteamiento inicial y comenzara a hablar de esta posibilidad.
Lo ocurrido en Tolosa y Elgoibar marca un precedente relevante para futuros procesos de publificación del TSNU y la RTSU. Desde ELA se insiste en que la reversión de servicios al ámbito público debe hacerse con garantías laborales reales, respetando la continuidad del empleo, las condiciones de trabajo y la experiencia profesional.