LAB, ELA, UGT, CCOO y SATSE denuncian el desmantelamiento de los servicios públicos en Bizkaia

15/12/2020
En una concentración frente a la Diputación, en Bilbao, los sindicatos cuestionan el actual modelo de titularidad pública y gestión privada del IFAS, el Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia. Aseguran que no permitirán más privatizaciones que dejen a las personas más desfavorecidas de la población sin los servicios de calidad que merecen. “Lo que está ocurriendo es muy grave, y el diputado de Acción Social y el diputado General de Bizkaia, Sergio Murillo y Unai Rementeria respectivamente, son responsables de ello. Si alguien sobra en lo público, son los responsables de estas políticas”, afirman.

LAB, ELA, UGT, CCOO y SATSE, los sindicatos con representación en IFAS acusan a la Diputación Foral de Bizkaia de privatizar el sector de los servicios sociales públicos del territorio. No en vano, y atendiendo a los datos, actualmente Bizkaia cuenta con una red de 154 residencias autorizadas para personas mayores, con 10.748 plazas. El Instituto Foral de Asistencia Social, organismo Autónomo adscrito al Departamento de Acción Social de Bizkaia, contaba hasta ahora con 400 plazas públicas socio-sanitarias y para personas mayores; a partir de ahora quedarán sólo 336, “una cantidad insignificante de plazas gestionadas públicamente”.

Afirman que nos encontramos de nuevo ante un recorte de los servicios públicos que reduce el servicio destinado para personas mayores y ante otro paso más hacia el modelo de titularidad pública y gestión privada que la Diputación. “Todos estos cambios que se dan al amparo de la pandemia, con respuestas dilatorias y con mentiras, obedecen a unas líneas políticas muy claras: privatizar”.

Remarcan que la pandemia ha reflejado las debilidades y la falta de idoneidad del modelo de cuidados actual y la alta calidad asistencial que ofrecen los Servicios Sociales públicos. “Pero el negocio es el negocio”, lamentan.

Añaden que todo obedece a la estrategia de aumentar ganancias y sostener empresas que se dedican a dar este servicio con bajos costes y grandes beneficios. “Son sus empresas y tienen en sus manos un sustancioso e interminable negocio, porque se aprovechan de la necesidad”.

Recuerdan que empezaron por privatizar servicios de limpieza, después el de cocina, el de vigilancia... “Están destruyendo el grupo E de la Administración, todo ello a costa de las personas que trabajan en condiciones indignas y a costa de las personas dependientes y más desfavorecidas de la población”.

Los últimos cambios sufridos dan muestra de ello. A mediados de noviembre, el diputado de Acción Social, Sergio Murillo, anunciaba en Juntas Generales de Bizkaia la privatización del Centro de Día Lurgorri, en Gernika, que daba un servicio público a 15 personas con discapacidad. Así, este centro pasa a ser gestionado íntegramente por una entidad privada.

No termina el mes de noviembre sin anunciar nuevos cambios: el Centro Asistencial de Gallarta con capacidad para 64 residentes de tercera edad, cerrará sus puertas a este servicio minorizando el número de plazas residenciales para este sector de la población. En adelante el centro se dedicará a discapacidad. Además, abren un nuevo centro en Mundaka para personas con diversidad funcional, con todos los servicios privatizados excepto la atención directa, con la consiguiente destrucción de puestos de trabajo del grupo E en el IFAS.

Los sindicatos subrayan que el sector público está cualificado y es garante de calidad, al contrario del sector privado, donde afirman que se priorizan los intereses económicos por encima de la calidad del servicio. Para reforzar y controlar la pandemia en el sector privado de las residencias (tercera edad y discapacidad), La Diputación de Bizkaia ha creado grupos de Inspección, Control y Prevención de las Infecciones con personal público (IFAS), y ha contratado profesionales públicos para el centro Covid Birjinetxe, para los grupos de Respuesta Rápida (que actúan ante un posible brote en residencias) y para diferentes coordinadores y coordinadoras COVID. Personal bien formado y con trayectoria profesional cualificada. “En definitiva, el sector privado necesita paliar sus carencias con recursos públicos, por tanto hay que reforzar los servicios públicos”, concluyen.

“Los Servicios Públicos no están para generar intereses económicos, están para ofrecer bienestar general, pero las estrategias políticas están destinando dinero público a bolsillos privados, y posiblemente, esos bolsillos privados financien parte de esas políticas y así se cierra el círculo con grandes intereses y beneficios en manos de unos pocos”.

Por todo ello, LAB, ELA, UGT, CCOO y SATSE denuncian que las políticas no están al servicio de la ciudadanía. “No están defendiendo los servicios públicos. Están defendiendo sus intereses partidistas y no lo vamos a permitir”, concluyen.