Nota de los sindicatos:

Sí a la estabilización para todo el profesorado. No a la inseguridad jurídica.

El borrador de la ley foral para la selección y provisión de puestos de personal funcionario docente de Navarra tiene como objetivo la creación de un grupo de docentes (funcionariado foral) con requisito de lengua extranjera y dependientes exclusivamente de la Administración Pública de Navarra, cuando el resto del personal funcionario docente es estatal. Como consecuencia crearán dos tipos de docentes con distintos derechos laborales, desempeñando las mismas funciones.

Esto se debe a la nefasta planificación realizada por la administración navarra y el Departamento de Educación en particular, durante veinte años. En consecuencia, nos encontramos con el intento, de realizar una OPE “ad hoc”, que choca frontalmente con el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de acceso a los cuerpos docentes y adquisición de nuevas especialidades.

Nos preocupa enormemente la falta de seguridad jurídica que pueda tener el futuro personal funcionario que acceda a estas plazas de estabilización a través de esta nueva ley foral totalmente discriminatoria, ya que se está exigiendo como requisito, con visos de inconstitucionalidad, una titulación de lengua extranjera por encima de las lenguas oficiales de Navarra y del Estado.

Como sindicatos llevamos muchos años exigiendo al Departamento de Educación la estabilización de todas las plazas estructurales y el cumplimiento de la Directiva Europea para que la interinidad sea inferior al 8%, ya que es la manera de dar una verdadera calidad a la enseñanza pública de Navarra. No obstante, creemos que dicha estabilización no puede llevarse a cabo de cualquier manera, pasando por encima de la normativa que rige al resto de funcionariado docente y añadiendo además, requisitos que dificulten la estabilización del personal.

Por ello, los sindicatos firmantes emplazamos al Departamento de Educación a una negociación real para la estabilización de todo el profesorado de la educación pública y la retirada del mencionado proyecto de ley del trámite parlamentario.