Centros concertados de Iniciativa Social e Ikastolas están aprovechando la crisis sanitaria para empeorar aún más las condiciones laborales de las trabajadoras más precarias

24/04/2020
ELA denuncia que numerosos centros concertados de Iniciativa Social e Ikastolas han presentado en el último mes ERTEs por fuerza mayor basados en el COVID 19. El personal afectado por estos ERTES ha sido, en su mayoría, personal administrativo, de mantenimiento y limpieza, monitores de autobuses, personal de comedores y personal de la etapa educativa 0-3. ELA insta a las direcciones de los centros y a las patronales del sector a negociar e impulsar acuerdos que mantengan las condiciones laborales de estas trabajadoras. En este sentido, el sindicato actuará caso por caso, adoptando las medidas oportunas para que la crisis sanitaria no sea aprovechada para recortar condiciones.

Algunos centros han aplicado los ERTEs habiendo adoptado y acordado medidas para mantener las condiciones laborales de las personas trabajadoras afectadas. Otros, sin embargo, han optado por aplicar los ERTEs recortando las condiciones laborales de las trabajadoras, con la pérdida de sueldo y de los días de vacaciones y de la paga extra que supone la suspensión de sus contratos de trabajo.

En opinión de ELA, atendiendo tanto a la situación económica de estos centros como al número y condiciones laborales de estas trabajadoras, es totalmente viable acordar medidas encaminadas a respetar y mantener sus condiciones. Las propias direcciones de varios centros han reconocido a la representación de los trabajadores y trabajadoras que no tendrían problemas económicos para adoptar estas medidas. A pesar de ello, han decidido, de forma unilateral y con el desacuerdo de los delegados y delegadas de los centros, presentar ERTES empeorando las condiciones laborales de su personal.

La actuación que están teniendo algunos centros es aún más grave, ya que han aplicado ERTEs que reducen las condiciones laborales de algunos colectivos aunque siguen recibiendo financiación por parte del Gobierno Vasco y del Gobierno de Navarra para hacer frente a este coste. Es decir, algunos centros pretenden, además, obtener beneficios a cuenta de este recorte de las condiciones laborales.

Es inaceptable que centros educativos que reciben financiación pública, cobran cuotas a las familias y forman parte de nuestro sistema educativo quieran aprovechar esta situación de crisis sanitaria para empeorar aún más las condiciones de las trabajadoras más precarias, pudiendo tomar medidas para evitarlo. Más grave, aún, el hecho de pretender obtener ganancias a costa del recorte de estas condiciones.