ELA, CIG e Intersindical se concentran ante el Ministerio de Trabajo para exigir la derogación de las reformas laborales

Las organizaciones sindicales acordaron realizar esta protesta en Madrid ante el inmovilismo del Ministerio, que sigue sin dar paso alguno para abolir las reformas laborales impuestas, primero por el PSOE y, posteriormente, por el PP. “Ha pasado ya año y medio desde que se conformase el gobierno del Estado. Hemos visto cómo se aprobaban los presupuestos generales del estado o la tramitación para los fondos europeos, sin embargo, la derogación de las reformas laborales sigue bloqueada”, ha denunciado Lakuntza.

Una derogación que Lakuntza, Carril y Perelló consideran imprescindible para impedir los despidos colectivos, que ya se están produciendo sin que las empresas precisen de autorización administrativa alguna. En este sentido, el secretario general de ELA aseguró que “no se puede permitir que las empresas con beneficios sigan despidiendo impunemente. Las reformas laborales han fracasado, solo han traído devaluación salarial y precariedad”.

Dicha derogación deberá contar, también, con el apoyo de los grupos políticos que han venido sosteniendo al Gobierno de Sánchez y de los partidos soberanistas de Euskal Herria, Galiza y Catalunya. Por ello, ELA, CIG e Intersindical les interpelan para que ejerzan una labor activa en defensa de la clase trabajadora. “Que den un puñetazo en la mesa”, ha exigido el secretario general de ELA. “Si se va a Madrid tiene que ser para apretar, para situar en este momento las condiciones laborales como una prioridad”.

Los secretarios generales alertaron del peligro de que, una vez que se ponga fin a los ERTE, estos se conviertan en ERE aprovechando la legislación laboral en vigor, y responsabilizaron de cada uno de los despidos actuales o de los que se puedan producir tanto a la ministra de Trabajo como al gobierno Sánchez en su conjunto.

Respecto del diálogo y la concertación social, consideraron que no es la vía para solucionar la grave situación que vivimos. Denunciaron su carácter antidemocrático y alertaron de que lo que pretende es la domesticación y desmovilización de la clase trabajadora. Además, alertaron de que ese pretendido consenso otorga derecho de veto a la patronal a la hora de derogar las reformas laborales, lo que convierte al diálogo social en un marco estéril y perjudicial para la clase trabajadora. Según Lakuntza, “el mal llamado diálogo social es una coartada para no acometer los cambios necesarios. Un auténtico freno en el que la patronal tiene derecho de veto. Es una evidencia que las medidas para mejorar las condiciones laborales y de pensiones no van a venir de estas mesas”. Por ello, “no aceptar el veto de la patronal es un requisito imprescindible para avanzar”, afirmó.

Junto a esto, los líderes sindicales reclamaron el derecho a decidir en sus respectivas naciones el modelo de relaciones laborales, pensiones y protección social para mejorar las condiciones salariales y las condiciones de trabajo. Por ello, rechazaron el actual modelo de estatalización de la negociación colectiva que impone desde Madrid unas condiciones muy precarias sin respetar las mayorías sindicales de Euskal Herria, Galizia y Catalunya.

Un modelo que, denunciaron, ha provocado una mayor precarización y empobrecimiento de la clase trabajadora, al dar prioridad a los convenios estatales sobre los provinciales y deteriorar los convenios sectoriales y de empresa. “Se trata de democracia y de respeto a lo que las trabajadoras y trabajadores de nuestros países deciden”, ha defendido Lakuntza.

Así las cosas, estos sindicalistas reclamaron que se acabe con un modelo que no solo aleja la negociación colectiva de las trabajadoras y trabajadores, sino que también impide la participación de los sindicatos que democráticamente los representan para cerrar acuerdos sobre las condiciones de trabajo en cualquier sector.

Lakuntza, Carril y Perelló demandaron, además, una agenda social para que, entre otras cuestiones, se articule un sistema de protección social fuerte (con refuerzo del sistema público de pensiones), una fiscalidad progresiva y un tejido productivo sostenible, con salarios y condiciones laborales dignas. Cuestiones que consideraron urgentes en un momento como el actual en el que, por causa de la pandemia, se ha producido un aún mayor empobrecimiento de la clase trabajadora.