El 30,7% de la población en situación de pobreza real no accede a la RGI
ELA se ha reafirmado en el planteamiento de que tener un sistema de prestaciones sociales adecuado es un elemento esencial para la cohesión social y ha pedido a aquellas fuerzas políticas que apoyan esta herramienta que sean claros en esta cuestión. En este sentido ha subrayado que “más que nunca es necesaria la movilización social, la propuesta, la alternativa real, que existe y está en la calle”.
Para ELA, las prestaciones sociales son insuficientes para dar respuesta a la población. El propio G.V. reconoce que el 30,7% de la población en situación de pobreza real no accede a la RGI. A pesar de ello en los últimos años las prestaciones se han venido recortando, quedando muy lejos de lo que se aprobó en la Ley de 2008.
La proposición de Ley es deplorable. Recorta las posibilidades de acceder a la RGI; desvincula la cuantía de la misma del Salario Mínimo Interprofesional, lo que supone un fuerte retroceso respecto a lo recogido en la Ley de 2008; traslada a la ley los criterios restrictivos que denuncia el Ararteko; abre la posibilidad de nuevos recortes de todo tipo vía reglamento, y avanza en la estigmatización de las personas en desempleo y de quienes perciben la RGI al imponer la huella digital. Todo ello con el único fin de recortar el gasto y perseguir a las personas perceptoras.