El Gobierno vasco pone en marcha una campaña de marketing ante el problema de la segregación en la enseñanza

En la actual sociedad las desigualdades sociales son cada vez mayores; el reparto de la riqueza es cada día más injusto. Por un lado, como consecuencia de las políticas de recorte impuestas con el pretexto de la crisis económica, el número de familias con dificultades económicas va en aumento y la pobreza se extiende, especialmente entre las mujeres. Por otro, también crece el número de familias que se ven obligadas a emigrar a nuestro país.

La consecuencia de esa realidad es que el alumnado de nuestros centros escolares es cada vez más diverso, pero esa diversidad se reparte de manera muy desigual en la CAPV. En general, el desequilibrio se produce entre los centros públicos y concertados, pero también entre diferentes centros públicos o concertados (por ejemplo, hay una notable diferencia entre las ikastolas y los colegios de iniciativa social). De esa manera el sistema escolar reproduce en muchos casos las desigualdades y desequilibrios de origen, e incluso los agrava en algunos casos.

Nuestro sistema educativo necesita más apoyos y recursos para afrontar las desigualdades de origen. Sin embargo, las políticas del Gobierno vasco se dirigen en sentido contrario: con el pretexto de la crisis se ha producido una descapitalización de la educación (y de los servicios públicos en general), en beneficio de cuestiones como el pago de la deuda pública. Ello ha provocado recortes y graves consecuencias en la educación: aumento de las ratios de alumnado por aula, destrucción de empleo, niveles de eventualidad inaceptables, criterios más restrictivos para calificar las necesidades educativas especiales...

Ante esta realidad, con el objetivo de llegar a un sistema educativo de calidad e inclusivo, el Gobierno vasco debería dejar de lado los recortes, garantizar los recursos necesarios para afrontar esas necesidades especiales en cuanto a la diversidad y la educación, y tendría que adoptar medidas adecuadas y eficaces para hacer frente al problema de la segregación.

Aunque el documento que ayer presentó la consejera Uriarte (`La Escolarización del Alumnado de Origen Extranjero en el Sistema Escolar de la CAPV. Diagnóstico y nuevas medidas de intervención´) plantea un diagnóstico grave, la falta de concreción en torno a las medidas para responder de manera efectiva al problema es preocupante. Echamos en falta medidas más concretas sobre los factores que posibilitan ese desequilibrado reparto de escolares, como una mesa única de matriculación (para asegurar la matriculación equilibrada de los niños y niñas de origen local y extranjero), control público de las cuotas que cobran algunos centros concertados, o medidas de otro tipo. Por otra parte, es llamativo que en el documento no se prevean recursos adicionales para resolver de manera adecuada esta realidad; esto nos lleva a pensar que nos encontramos ante una pura campaña de marketing, aún con más motivo en la medida en que en el proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno Vasco se prevé una nueva bajada de la inversión pública en educación.

A falta de un análisis más profundo del documento, parece evidente que el Gobierno Vasco se dispone a afrontar este grave problema con un nuevo ejercicio de propaganda, y que no prevé tomar medidas reales o invertir recursos para solucionarlo.

Con el fin de poner fin al problema ELA considera ineludible la adopción de medidas concretas y el incremento de la inversión pública en educación para dotarla de los recursos necesarios. De otra manera se pone en riesgo la principal función de la educación, que debería ser la equidad, pluralidad, igualdad y la educación inclusiva, y con ello, la justicia e integración social.