El Gobierno Vasco entrega datos de sus trabajadores/as sin permiso

ELA puso el caso en conocimiento de la Agencia Vasca de Protección de Datos el pasado 20 de octubre de 2014, y la resolución del expediente no ha podido ser más contundente:

“La Vicenconsejería ha infringido lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, lo que supone una INFRACCIÓN tipificarla como GRAVE en la Ley del Parlamento Vasco 2/2004”. Asimismo, requiere a la Viceconsejería para que adopte las medidas técnicas y organizativas necesarias que eviten nuevas vulneraciones de la Ley y comunica la sanción al Ararteko.

A juicio de ELA, la Agencia Vasca de Protección de Datos ha puesto en evidencia la desidia y desinterés con que la Vicenconsejería actuó a la hora de preservar la confidencialidad de los datos de su personal (que incluían nombre, apellidos y puesto y destino de cada trabajador).

Asimismo, desde ELA denuncia que en todo este proceso los responsables políticos han querido lavarse las manos, y lejos de facilitar la aclaración de los hechos han hecho caso omiso a los requerimientos de ELA en un ejercicio de irresponsabilidad política.

ELA emplaza a los responsables políticos de Gobierno Vasco a hacer autocrítica de su falta de sensibilidad y claro problema de seguridad en el tratamiento de los datos personales de sus empleados y a poner en marcha los mecanismos necesarios para que no se vuelvan a producir hechos de este tipo.

Asimismo, se pregunta si tal infracción tendrá consecuencias en el ámbito interno de Gobierno Vasco, ya que según el Código Ético y de Conducta de los CARGOS PÚBLICOS de la Comunidad Autónoma de Euskadi, “En el ejercicio de sus funciones salvaguardarán, en todo caso, la protección de los datos de carácter personal”.

Además, considera que la decisión de la Viceconsejería de externalizar este trabajo es igualmente censurable, puesto que debería haber sido gestionada por personal dependiente del Gobierno Vasco, en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre los criterios para la externalización de servicios de 19 de octubre de 2010.

Dicho Acuerdo, fruto de un Pacto alcanzado en Mesa General de Negociación, establece que “se usarán preferentemente los medios propios, de modo que sólo se acuda a la externalización cuando no sea posible asumir el servicio con los recursos técnicos y humanos de que se dispone...”, y termina añadiendo que es un claro ejemplo de la apuesta del Ejecutivo por la externalización de servicios, en lugar de por el empleo público.