El juez exige al Servicio Navarro de Empleo que deje de ocultar información sobre los convenios con UGT que denunció ELA

Con esta demanda, ELA denuncia en realidad todo el entramado formativo del que forman parte UGT, CCOO y la patronal CEN, pero por economía jurídica ha formalizado un único recurso (el de mayor cuantía económica, concedido a la mayor organización sindical). Sin embargo, de sentenciarse la ilegalidad de dicho convenio, el Gobierno de Navarra debería ser coherente y anular todos los convenios por formación de 2015 (por valor de 5,5 millones de euros) y suprimir los de 2016 (5,2 millones). Además, en ningún caso deben renovarse estos convenios, ahora sub iudice, para 2017, y los cuatro partidos que sostienen al Gobierno foral deberían exigir desde ahora estas medidas.

Para avanzar en el proceso, ELA solicitó completar el expediente con los datos relevantes y los justificantes de las subvenciones otorgadas a UGT, ante la certeza de su uso fraudulento. Sin embargo, el SNE se convirtió en inesperado defensor de UGT y denegó dicha información pública. Ante ello, el juez ordenó el pasado 20 de septiembre al SNE, mediante una diligencia judicial, que facilite los datos solicitados en el plazo máximo de diez días.

Se trata de la primera vez que la política de subvenciones del SNE va a juicio, y para ello ELA solicita que declaren ante el juez los responsables políticos y sindicales de esta práctica: la anterior consejera de Economía (Lourdes Goicoechea, de UPN), las dos anteriores directoras del SNE (Maribel García Malo, hoy parlamentaria de UPN; e Imelda Lorea), la actual responsable del SNE (Paz Fernández) y el secretario general de UGT en el momento de concederse la subvención (Javier Lecumberri). Como respaldo testifical, también acudirán al juicio instructores, inspectores y técnicos del SNE.

En definitiva, este juicio va a demostrar que la financiación de UGT, CCOO y CEN durante los últimos 20 años, además de clientelar, antidemocrática y derrochadora, es también ilegal.