ELA acusa al Gobierno vasco de seguir aplicando políticas antisociales y destruir empleo

ELA constata con grave preocupación que el Gobierno insiste en las mismas políticas:

1.- Los presupuestos del Gobierno Vasco para 2016 van a seguir elaborándose dando prioridad al pago de la deuda y al cumplimiento del acuerdo con Rajoy sobre el límite de gasto (para el 2016 el déficit máximo será del 0,3%). Si a esa política se le añade el mantenimiento de una política fiscal muy injusta que renuncia a eliminar el diferencial de presión fiscal que existe con Europa, el resultado no puede ser peor: el Gobierno asume y aplica unos límites para elaborar el presupuesto del que la política social sale muy mal parada. El Gobierno, para desviar las críticas a su política, utiliza comparaciones inadmisibles. ELA exige que se compare sobre datos homogéneos a la hora de evaluar la política social del Gobierno, por ejemplo: ¿Qué necesidades sociales existían en 2009 y qué gasto social se destinaba y qué necesidades sociales existen en 2015 y qué gasto social se destina a las mismas? Esta comparación no admite dudas: cada vez hay más necesidades sociales que se dejan sin cobertura. Además, el presupuesto del Gobierno Vasco en materias como Sanidad o Educación es sustancialmente menor en 2015 que en 2009.

2.- ELA subraya que esta política tiene un efecto muy negativo sobre el empleo, tanto directo como indirecto. El Gobierno recorta empleo dentro de la propia administración, y orienta su destrucción en las Sociedades Públicas (es el caso de EITB, donde el Gobierno presenta un ERE aplicando la reforma laboral del PP apelando a motivos económicos), así como en las empresas subcontratadas que actúan en la Administración.

3.- ELA rechaza que la prioridad del Gobierno Vasco sea el empleo digno. Sobre eso, nada mejor que juzgar la política real en sus ámbitos de responsabilidad. ELA comprueba, con suma preocupación, la destrucción de empleo en los ámbitos del Gobierno, en sus sociedades públicas y en las subcontratas, en las que no duda en extender, además, la miseria laboral. Es más, el Gobierno, para defender esa política de caída salarial, pone todos los obstáculos a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por ELA y avalada por más de 110.000 firmas, que pretende impedir el deterioro de las condiciones de trabajo en los ámbitos subcontratados.

ELA exige el abandono de estas políticas. Afirmar, como hace el Gobierno, que sus prioridades son las políticas sociales y que está a favor del empleo digno es totalmente contradictorio con su política real.