ELA exige la revocación del nuevo secretario del Tribunal Laboral de Navarra
Además de la denuncia presentada por ELA para que se investiguen los posibles delitos de Barcina y Goicoechea, hay que alertar de la gravedad del nombramiento al frente del Tribunal Laboral de Alberto Pascual. Se trata de una persona encausada actualmente en la Audiencia Nacional (caso CAN), y que mintió en el juicio de las actas de la Permanente. Después, la juez tuvo que enviar a la Guardia Civil hasta cuatro veces para conseguir las copias de estas actas.
Ante ello, CEN, UGT y CCOO han salido públicamente a defender que la candidatura de Alberto Pascual es la más idónea para dirigir el Tribunal Laboral. Aparte de lo llamativo de su unanimidad, ello da buena muestra del modelo en el que se basó el Tribunal Laboral: nació desde la exclusión, y ahora además será dirigido por una persona procesada.
ELA cree que para comprender esta unanimidad de UGT, CCOO y CEN es clave la coincidencia en el tiempo de las subvenciones del Gobierno de Navarra para sus cursos de formación. El 23 de enero se publicó en el BON la subvención de más de 7 millones de euros para los planes de formación dirigidos prioritariamente a personas ocupadas, y tan solo unos días después se produce el nombramiento de Alberto Pascual.
Estas subvenciones son adjudicadas por el Servicio Navarro de Empleo (SNE), organismo gestor de las políticas activas de empleo en Navarra dirigido por CEN, UGT y CCOO.
La partida para los planes de formación dirigidos a personas con empleo es la principal partida de gasto. Su cuantía es superior incluso a la dirigida a personas desempleadas, constituyendo un caso único en el Estado español.
La convocatoria para 2014 prevé un gasto de 7,04 millones de euros. Cada una de estas tres organizaciones (CEN, UGT y CCOO) cobrará más de 2,1 millones de euros por impartir formación. Además la propia convocatoria establece que “si sobrara dinero de alguno de los planes se utilizaría para aumentar la cuantía”, en primer lugar, del plan en el que concurren únicamente estas tres organizaciones.
Queda patente así que no se ha hecho caso de las recomendaciones de la Cámara de Comptos, como evitar que una misma entidad participe en los órganos de dirección del SNE y pueda ser, al mismo tiempo, beneficiario de esas mismas subvenciones. Comptos exige que “se revisen y, en su caso, se modifiquen los baremos que hacen prácticamente imposible la incorporación de nuevos centros como ofertadores de actividades formativas”. En definitiva, CEN, UGT y CCOO deciden quién se lleva la subvención, pero el dinero viene del Presupuesto de Navarra.
ELA cree que todas las cautelas y todas las medidas para luchar contra la corrupción son pocas, por eso vuelve a exigir que se anule el nombramiento de Pascual. Al mismo tiempo, ELA considera preocupante la nula reacción de UGT y CCOO respecto a la exigencia de responsabilidades políticas al Gobierno de Barcina, que además se ha destacado por sus recortes sociales.