ELA, LAB, CIG y la Intersindical Catalana exigen al Gobierno de Madrid que articule la jubilación a los 60 años del personal sanitario y sociosanitario

Asimismo, exigen a los Gobiernos y diferentes Administraciones de Galiza, Hego Euskal Herria y Catalunya que articulen mecanismos para facilitar la jubilación anticipada de este personal y recuperen aquellos que han sido recortados en los últimos años, como las primas de jubilación anticipada.

La actual legislación en materia de Seguridad Social reconoce el derecho a la jubilación anticipada a las personas trabajadoras incluidas en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social a los 63 años siempre que tengan cotizados entre 38 y 44 años y 6 meses, y que la edad sea inferior en dos años, como máximo, a la edad exigida que resulte de aplicación en cada caso. Pero la articulación de ese derecho implica la aplicación de porcentajes de reducción a la cuantía de la pensión que pueden alcanzar hasta el 21% y que no es recuperable al cumplir los 65 años.

La Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social prevé que la edad mínima de 65 años se pueda rebajar por Real Decreto para grupos o actividades profesionales, categorías y especialidades cuyo trabajo sea de naturaleza penosa, tóxica o peligrosa. También se tendrán en cuenta los efectos del trabajo a turnos (penosidad por trabajar en turnos de noche) y el esfuerzo físico para el desarrollo del trabajo que se realiza.

Así las cosas, estos sindicatos reclaman la aplicación de la Ley 40/2007 para el derecho a la jubilación a los 63 años, sin penalización, este año, para el personal de la sanidad y de los sectores sociosanitarios, incluidas en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social.

Lo que demandan es que el personal de la sanidad y de los sectores sociosanitarios que tenga los períodos de cotización recogidos en la norma y cumpla el requisito de cotización se pueda jubilar sin las penalizaciones que marca la actual legislación. Y que, además, perciba el complemento de género.

Esta medida solo precisa la aprobación de un Real Decreto en base a la Ley 40/2007, por lo que los sindicatos ELA, LAB, CIG y la Intersindical Catalana solicitarán reunirse con las organizaciones políticas presentes en el parlamento español para recabar los apoyos necesarios para su aprobación. A la vista de la actual aritmética parlamentaria sus votos son decisivos, y es por ello que, de cara a la aprobación de los próximos presupuestos, exigen que prioricen este tema.

También instan al gobierno a reconocer durante esta legislatura el derecho a la jubilación a los 60 años del personal de la sanidad y de los sectores sociosanitarios del ámbito público y privado y a que no se vincule este derecho a la planificación de las plantillas actuales o futuras, que depende de decisiones políticas que no pueden, en ningún caso, vulnerar los derechos del personal.

Se trata de plantillas con una media de edad muy alta (más de 50 años) y con unas condiciones penosas en el desempeño; condiciones que, como consecuencia de las políticas de recortes, privatización y desmantelamiento de los servicios públicos aplicadas los últimos años, hacen imprescindible la articulación de este derecho.

La situación actual de falta de profesionales en la sanidad y en los sectores sociosanitarios es consecuencia de la planificación sanitaria realizada durante los últimos 10 años. Una planificación basada en recortar personal, suprimir puestos de trabajo y adelgazar y privatizar los servicios públicos, poniendo en cuestión el derecho de la sociedad a una prestación de calidad.

ELA, LAB, CIG y la Intersindical catalana instan a que durante esta Legislatura se abra un proceso negociador para la modificación de la Ley 40/2007, para que el personal comprendido en este ámbito de aplicación pueda acceder a la jubilación cuando cumpla los 60 años y tenga 35 años cotizados.

Para ello, solicitarán de las organizaciones políticas presentes en el parlamento español el apoyo a este proceso negociador encaminado al reconocimiento de este derecho a la jubilación ordinaria a los 60 años de los profesionales de la sanidad y de los sectores sociosanitarios, del ámbito público y privado.