ELA no apoyará la nueva provisión de jefaturas en la Administración de Navarra hasta que se fijen cuántas son de verdad necesarias

19/12/2016
ELA ha decidido no apoyar el documento presentado por el Gobierno de Navarra para la provisión de jefaturas en la Administración foral hasta que se realice un estudio de necesidades para racionalizar el mapa de jefaturas a cubrir y que ELA había establecido como punto de partida para alejarse de la arbitrariedad en la que se había venido incurriendo con anteriores gobiernos. Determinar cuántas jefaturas son de verdad necesarias es aún más importante que reglamentar cómo se cubren, y eso ahora no queda garantizado.

Durante los últimos meses, el Gobierno de Navarra ha mantenido una negociación para modificar la normativa sobre asignación de jefaturas en la Administración foral.

Recientemente, la Administración ha presentado un documento final, que no ha recibido el apoyo de ELA. En todo caso, ELA reconoce avances en el método de provisión de las jefaturas de Sección y Negociado, y valora positivamente que hayan sido recogidas algunas de nuestras propuestas, como la de tener en consideración la opinión del personal o que se prevean métodos de evaluación durante el período de la jefatura.

Sin embargo, los motivos para no apoyarlo son de mayor calado, ya que no se ha acometido el preceptivo estudio de necesidades que debería racionalizar el mapa de jefaturas a cubrir y que ELA había establecido como punto de partida para alejarse de la arbitrariedad en la que se había venido incurriendo con anteriores gobiernos.

De igual modo, esta modificación tampoco ha contemplado nuestra exigencia para que las retribuciones correspondientes al desempeño de estos cargos sean iguales independientemente del nivel administrativo de estas personas en la plantilla orgánica. Es decir, a igual trabajo igual salario (también habría supuesto un verdadero cambio extender esta normativa a la provisión de las direcciones de Servicio y a las Secretarías Generales Técnicas).

Por todo ello solicitamos al Gobierno que reconsidere su intención y cree una mesa participativa para, tras el preceptivo estudio, concluir en las necesidades reales de puestos de dirección.