ELA y CIG denuncian la no ratificación de la Carta Social Europea de 1996
Comunicado conjunto de ELA y CIG:
La Carta Social Europea, adoptada en 1961 en el seno del Consejo de Europa, es un tratado internacional que garantiza los derechos sociales y económicos al trabajo, a la vivienda, a la salud y a la educación, entre otros. Fue complementada en 1995 con un Protocolo de reclamaciones colectivas que permite a los sindicatos y otras organizaciones recurrir las disposiciones estatales en instancias internacionales.
El Reino de España ratificó la Carta Social en 1980 y el Protocolo adicional de 1988 en enero de 2000. Sin embargo, sigue sin aceptar el Protocolo de Reclamaciones Colectivas de 1995, que no ha sido ni firmado ni ratificado. Además, la versión de la Carta revisada de 1996, que fue firmada en octubre de 2000, no ha sido todavía ratificada. Entre los preceptos no ratificados, algunos presentan rúbricas tan significativas como: «derecho a la protección frente al despido», «derecho a la dignidad en el trabajo», «derecho a protección frente a la pobreza y exclusión social» o «derecho a la vivienda».
Se trata, por tanto, de normas de gran importancia para la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. El organismo de control de la Carta, el Comité Europeo de Derechos Sociales, tiene capacidad para fiscalizar las decisiones de los estados miembros en materia de derechos sociales, lo que nos abriría, en opinión de CIG y ELA, nuevas posibilidades para combatir la actual ofensiva de demolición del derecho del trabajo y de la protección social, como por ejemplo, los efectos más perversos e injustos de las últimas reformas laborales.
La asunción de obligaciones internacionales, mediante la ratificación de los tratados más avanzados, es un buen indicador del compromiso de los estados con los derechos humanos y las garantías democráticas. El Estado español forma parte del «grupo de la vergüenza» (nueve estados de un total de cuarenta y tres) que siguen sin ratificar la Carta Social Europea (revisada) y el Protocolo de Reclamaciones Colectivas.
Los sindicatos CIG y ELA vamos a plantear a los parlamentos de Galiza y Hego Euskal Herria (Gasteiz e Iruña) que adopten resoluciones instando al Parlamento español a que ponga fin a esta situación, que coloca a los pueblos gallego y vasco, así como al resto de pueblos del Estado, en una situación de clara desventaja para la protección y defensa de sus derechos, en relación con los de otros países del entorno europeo.
Santiago de Compostela, 19 de mayo de 2016
Comité Ejecutivo de ELA
Ejecutiva Confederal de CIG