La conciliación no es un derecho para el Gobierno Vasco
El Consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Angel Toña, anunció ayer que la cifra destinada a ayudas a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral es de 31,37 millones de euros, un 81,3% más que el año anterior. Sin embargo, aún quedan por abonar las ayudas solicitadas el año pasado, un total de 21,4 millones de euros, por lo que el Ejecutivo calcula que el resto servirá para responder a la solicitudes que se presenten hasta abril de este año.
Por otra parte, anunció que las ayudas por hijos e hijas se otorgarán en función de la renta de los progenitores a partir del año que viene.
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ELA considera que la conciliación debería ser un derecho subjetivo garantizado en todo caso, con independencia de la partida presupuestaria existente. Sin embargo, con esta decisión, queda claro que la conciliación de la vida laboral, familiar y personal no es un derecho para el Gobierno Vasco.
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Una vez más, se anteponen las urgencias presupuestarias a la cobertura de las necesidades sociales. Se desecha el debate de la posible ampliación de los ingresos públicos con una política fiscal más justa y progresiva, y se acepta como resultado la disminución sistemática del gasto social.
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Esta medida tendrá un impacto más negativo en las mujeres, que son las que siguen asumiendo principalmente los trabajos de cuidado. La decisión anunciada ayer por el Gobierno Vasco, unida a los recortes que se están dando en los distintos servicios públicos de cuidado, no hacen sino acentuar la división sexual del trabajo y la desigualdad estructural entre hombres y mujeres.