Los trabajadores/as de Gamesa perciben las indenmizaciones tras declararse nulos los despidos

Desde el primer momento ELA manifestó que el cierre de esa planta no descansaba sobre ninguna base lógica, ni organizativa, ni económica, ni productiva. Es por ello, que a nivel sindical, con una plantilla fuertemente sindicalizada, y a nivel jurídico establecimos una estrategia para intentar mantener la planta abierta y con ello el mantenimiento de más de 130 puestos de trabajo, con un 50% de empleo femenino.

El modo de actuar de Gamesa, el del Gobierno de Navarra, el del Ministerio de Trabajo y el de los sindicatos UGT y CCOO impidieron que la pelea sindical de la plantilla de Gamesa pudiera garantizar el mantenimiento de la planta. La decisión que tomó Gamesa generó un reguero de frustración, tanto en los trabajadores a nivel particular como en los habitantes de la zona al deslocalizarse una planta que era emblemática para Sakana, localidad que en aquella época sufrió una serie de cierres de forma consecutiva.

En cualquier caso, los servicios jurídicos de ELA han logrado a lo largo de estos seis años que en primera instancia el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de lo Contencioso Administrativo y posteriormente el Tribunal Supremo en noviembre de 2015 declararan nulo de pleno derecho el cierre de GAMESA censurando explícitamente a los responsables arriba mencionados. La consecuencia ha sido que Gamesa, en posteriores juicios por despidos dadas las no readmisiones a los puestos de trabajo, ha tenido que pagar a los trabajadores que han demandado la improcedencia computando todos sus años de servicios desde el primer día de su ingreso en la empresa, como si nunca hubiere existido el ERE anulado doblando las cuantías que cobraron en 2010.

Mostramos nuestra satisfacción por haber demostrado una vez más que, a pesar de las reformas laborales, organizarse y pelear por nuestros derechos y nuestro futuro merece la pena. Cuando hay una buena simbiosis entre una plantilla con unos altísimos niveles de afiliación y un buen hacer por parte de los servicios jurídicos, la impunidad de empresas como Gamesa queda en entredicho.