“No hay voluntad política para luchar contra el empobrecimiento del personal público”
Los salarios del personal público continúan con su larga y agónica pérdida de poder adquisitivo. Desde 2010 la pérdida acumulada se sitúa en el 18,05%. Una tendencia que se ha agravado los últimos años y que, como consecuencia del acuerdo logrado en diciembre en la Mesa Estatal del Sector Público celebrada en Madrid, todo apunta a que seguirá produciéndose los próximos años. Igor Eizagirre, secretario general de Gizalan, denuncia este progresivo deterioro de las condiciones laborales y recalca la voluntad de ELA de luchar en defensa del empleo público.
¿Qué valoración hace ELA del acuerdo logrado en la Mesa Estatal del Sector Público?
La valoración es muy negativa. Se nos impone un acuerdo firmado por sindicatos que apenas tienen representación en nuestro país, sindicatos que apuestan por la concertación y que son cómplices de la perdida de condiciones laborales del personal público. Y, además, lo hacen vulnerando el derecho a la negociación colectiva. El acuerdo es un nuevo paso en la estrategia uniformizadora y centralista del Estado y los sindicatos españoles, que no respetan las mayorías democráticas existentes aquí.
Dices que la valoración es muy negativa. ¿Por qué?
El contenido es un nuevo paso en el proceso de empobrecimiento de las personas empleadas en el sector público. En salarios, del 8,6% perdido en el periodo 2022-2025 sólo se recuperará el 2,5%. Es decir, los sindicatos firmantes –UGT y CSIF– acepta la pérdida del 6,1% en ese periodo. Por otro lado, con la subida salarial pactada para 2026, entre el 1,5% y el 2%, dada la evolución del IPC de 2025, que estará cerca del 3%, se puede dar por segura otra nueva perdida salarial. Por desgracia, llevamos años sufriendo el empobrecimiento del personal público. La pérdida de poder adquisitivo desde 2010 es del 18,05 %.
En materia de empleo, el gobierno del Estado, UGT y CSIF continúan con su estrategia uniformizadora manteniendo, entre otras cosas, las tasas de reposición. Su idea es seguir poniendo a disposición del Gobierno español las necesidades de empleo y los procesos de selección. Y todo esto nos ha llevado a una temporalidad del 42%.
El documento también menciona otras materias. Se prevé el uso de la inteligencia artificial, el tratamiento de los riesgos psicosociales en la salud laboral o la continuidad de los planes de igualdad. Pero todo esto sin ninguna precisión y con un tono totalmente uniformizador, una vez más.
¿Cómo valoras la actitud de la representación tanto la de la CAPV como la de Navarra?
La Directora de Empleo Público del Gobierno Vasco, presente en la reunión, no apoyó la petición de ELA a la Secretaria de Estado para que las condiciones laborales del personal de Hego Euskal Herria se decidan en Gasteiz e Iruña, y manifestó que no tenía nada que aportar sobre el acuerdo. La representante del Gobierno de Navarra mantuvo una posición parecida. Mientras la representación de otras comunidades del Estado pidieron poder establecer las necesidades en empleo público, la de Navarra y la CAPV se mostraron partidarias con el acuerdo alcanzado por el Gobierno Español, UGT y CSIF.
¿Cómo se entiendo esta actitud?
Esta posición es muy grave. Además, contrasta sobremanera con la mantenida por las representantes de otras comunidades, como por ejemplo, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana o la Federación española de Municipios, que no solo criticaron el proceso negociador llevado a cabo por el Gobierno, sino que pidieron de manera clara y explicita la eliminación de las tasas de reposición para poder decidir en sus comunidades las necesidades en materia de empleo o buscar una solución a la jubilación parcial del personal laboral.
La posición de las representantes de la CAPV y Navarra evidencia de nuevo que no defienden sus competencias reconocidas sobre las condiciones laborales del sector público. Es más, les viene bien esta intromisión para llevar a cabo recortes, tal y como hemos denunciado en reiteradas ocasiones. Es muy grave que se dé cobertura a un Gobierno y a sindicatos que vulneran de manera reiterada esa posibilidad.
¿Qué propone ELA para revertir la situación y que el personal público pueda recuperar este poder adquisitivo?
Es imprescindible que el Gobierno foral, Gobierno Vasco y de las instituciones locales y forales defiendan el autogobierno para decidir aquí las condiciones laborales. Con las actuales condiciones laborales no es posible garantizar unas prestaciones de calidad a la ciudadanía y acabar con la pérdida de poder adquisitivo.
En empleo, se deben establecer formulas para cerrar las puertas a la privatización y prever procesos de reversión a lo público, garantizando la subrogación del personal. También hay que establecer fórmulas para reducir la temporalidad real al 8%, convocando procesos garantistas que permitan la consolidación del personal temporal.
En salarios, hay que recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos cuatro años. Para ello, los presupuestos de 2026 deben establecer un incremento salarial del 8,6% + IPC de 2025 para todo el personal. Sin olvidar nuestra propuesta de reducir la jornada a 32 horas, con una partida presupuestaria para su implementación. Pero nuestras propuestas van más allá del empleo, los salarios o la jornada.
¿Por ejemplo?
No podemos olvidar temas como la salud laboral, el euskera, la igualdad de género o la necesidad de rejuvenecer la plantilla. Para mejorar la salud laboral, se debe establecer una partida presupuestaria para acabar con el exceso de burocracia y aliviar las cargas de trabajo en cada sector. En euskera, hay que incluir una partida para planificar la euskaldunización del personal. En igualdad de género, además de establecer un compromiso de negociar y acordar planes reales de igualdad sector a sector, hay que incluir una partida para hacerlo posible.
Y, lo dicho, hay que tomar medidas para rejuvenecer las plantillas. Para ello es necesario establecer una partida presupuestaria para la negociación y acuerdo con la mayoría sindical de las medidas de rejuvenecimiento. Entre ellos, restableciendo la jubilación parcial y las primas de jubilación.
Desde las administraciones de Hego Euskal Herria se suele aludir a la falta de competencias. ¿Es real esta excusa?
A nuestras instituciones les viene bien esta intromisión para poder aplicar estas políticas de empobrecimiento. Pero no solo al Gobierno vasco y navarro, también a las instituciones locales y forales les viene bien está intromisión. Desgraciadamente están de acuerdo con esas decisiones.
Tanto el Estatuto de Gernika como la LORAFNA reconocen el derecho a poder decidir en nuestro país las condiciones laborales del personal público, pero nuestras instituciones aceptan la política centralizadora del Estado. Esto conlleva graves consecuencias para los servicios públicos y el personal publico.
ELA ha manifestado muchas veces que es cuestión de voluntad política decidir en nuestro pueblo los servicios públicos que necesitamos y las condiciones laborales del sector público. Tanto el acuerdo de investidura entre el PNV y el PSOE del año 2023 como las propuestas del Gobierno Vasco en sectores como Educación, Ertzaintza o Justicia muestran claramente que tenemos razón en lo que decimos. Es cuestión de voluntad política. Para lograrlo los últimos años hemos realizado diferentes movilizaciones y huelgas, siempre con el objetivo de encontrar fórmulas para decidir aquí tanto los salarios como las necesidades en materia de empleo y en el resto de las condiciones laborales.
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DEMANDA POR VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Los sindicatos ELA y CIG han presentado un recurso ante la Audiencia Nacional contra el Gobierno español y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF. De hecho, antes y fuera de la mesa general de las administraciones públicas estatales de diciembre, el Gobierno central y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF acordaron la subida salarial de los y las empleados/as públicos/as. La ley básica del empleo público establece que esta cuestión debe negociarse en la citada mesa. Y, por lo tanto, los sindicatos mayoritarios del País Vasco y Galicia consideran que el hecho de que se haya acordado con anterioridad vulnera la ley.
Recordemos que el 1 de diciembre se celebró en Madrid la reunión de la Mesa General de las Administraciones Públicas del Estado. En ella participaron ELA y CIG junto con otros sindicatos estatales y representantes de gobiernos y comunidades autónomas. Pues bien, en días previos el Gobierno español y los sindicatos citados ya habían informado de lo acordado, es decir, no se negoció, a pesar de que la ley indica que así debe hacerse. Eso supone vulnerar el derecho a la negociación colectiva y la libertad sindical de miles de empleados/as públicos/as. Por ello, ELA y CIG, sindicatos mayoritarios del País Vasco y Galicia, han decidido acudir a los tribunales para denunciar que se ha vulnerado el derecho de ELA y de CIG y de los trabajadores y las trabajadoras del País Vasco y Galicia, y que dejen a un lado esa postura.