Para tener la política social que necesitamos hay que acabar con la injusticia en el sistema fiscal

19/06/2015
Para tener la política social que necesitamos hay que acabar con la injusticia en el sistema fiscal
El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz "Txiki", y el responsable del área social, Mikel Noval han cerrado el seminario sobre la fiscalidad que se ha celebrado en Donostia. Muñoz ha destacado que para tener la política social que necesitamos hay que acabar con la injusticia en el sistema fiscal. Se ha realizado, también, una reflexión sobre el marco competencial de la mano de la la doctora Mercedes Vallejo, de la UPV-EHU, el Inspector de la hacienda de Navarra, Mikel Aranburu, y la responsable de estudios del Instituto de Estudios Fiscales, María Pazos.

En su intervención Muñoz ha destacado que siempre ha sido importante la fiscalidad; ahora mucho más. No es posible abordar un política social que se haga cargo de los miles y miles de personas que expulsa el sistema capitalista si al capital se le exonera de pagar impuestos. En este sentido ha afirmado que ELA “debe ocupar ese espacio de reivindicación siendo más político, abandonando cualquier pose corporativa”.

“No es extraño que, cuando denunciamos una política fiscal injusta, se nos desprecie diciendo que no tenemos derecho a hablar sobre estas cosas y que nos presentemos a las elecciones políticas”. ELA no aceptará nunca un papel limitado a lo que patronal y Gobiernos quieren para el movimiento sindical. El sindicato tiene opinión política, ve cómo las desigualdades sociales aumentan y está en la sociedad para condicionar otras políticas públicas. No es posible que la política dé prioridad a lo social sin un cambio en profundidad de la fiscalidad.

Para posibilitar un cambio en esta materia, Muñoz ha abogado por la movilización social.”Desde fuera de las Instituciones, con plena autonomía, el sindicato tiene que interpelar; incluso a quienes llegan a las Instituciones afirmando que ellos son el cambio”.

Por su parte, Mikel Noval ha presentado la alternativa de ELA en materia de fiscalidad. Unas propuestas que recogen, entre otras cuestiones, medidas para la lucha contra el fraude fiscal y una estructura del IRPF más justa, y que elimina el trato privilegiado de las rentas del capital.

ELA ha exigido, también, que se elaboren estudios periódicos sobre el fraude fiscal y se abra un proceso participativo para definir la política fiscal con la participación de los sindicatos.

Mercedes Vallejo ha centrado su intervención en el marco del sistema fiscal de la vasco, destacando la necesidad de tener autonomía fiscal y financiera para poder realizar políticas públicas adecuadas a las necesidades sociales, dado que en caso de depender de otra administración o gobierno el gasto se ve condicionado por éste. En ese sentido ha subrayado la singularidad del sistema fiscal vasco por su característica diferenciadora en cuanto a que el gasto es efectuado principalmente por el órgano de gobierno superior mientras el ingreso lo obtiene un órgano intermedio que son las Diputaciones Forales.

Por su parte, Mikel Aranburu ha expuesto la necesidad de cambiar el modelo fiscal actual de Navarra, puesto que “hasta ahora no ha habido una política fiscal propia, sino una pactada en connivencia con el estado que depende tanto de voluntad política así como de la correlación de fuerzas de cada momento”. En ese sentido, ha propuesto una serie de medida para cambiar el sistema fiscal, entre otros aumentar los medio de inspección, contar un número mayor de inspectores, avanzar hacia una mejor formación de los todos los agentes involucrados y aumentar los sistemas de información existentes.

En otra línea, María Pazos ha hecho una reflexión desde el punto de vista feminista de la fiscalidad y el modelo social. Basando su explicación en que la propia estructura de los impuestos, y concretamente el IRPF, fomenta desigualdades que perjudican a las mujeres y a las personas de renta más baja. Para cambiar el modelo ha propuesto medidas como suprimir la declaración conjunta del IRPF, equiparar el permiso de paternidad con el de maternidad o implantar la jornada laboral de 35 horas semanales.