Son sus políticas antisociales las que impiden el diálogo social

Nota del Comité Ejecutivo:

ELA celebró ayer una reunión con el Departamento de Empleo del Gobierno Vasco. Por medio de esta nota, el sindicato actualiza su posición sobre la propuesta del gobierno de constituir una mesa de diálogo social.

1.- ELA ha vuelto a poner en conocimiento del gobierno lo siguiente:

• El Gobierno Vasco, más allá de la propaganda, realiza políticas de ajuste estructural incompatibles con el diálogo social. Políticas acordadas -la gran mayoría- con el PP. Ejemplo de estas políticas son: La reducción del déficit (pasar del 1,7% al 0,7% en 2015 supone 200 millones en el presupuesto), la prioridad del pago de la deuda pública (200 millones más de gasto) y una política fiscal muy injusta, que mantiene un trato privilegiado para las rentas altas, de capital y empresariales; no persigue el fraude, y arrastra un diferencial de 7 puntos de PIB en relación con la media de la UE (esto supone una menor recaudación de 4.660 millones). Es falso que no existan alternativas. El gobierno no tiene ningún interés en corregir esta injusticia.

• A partir de esos datos esenciales la política presupuestaria del gobierno (la que se ha desarrollado hasta ahora y está previsto que continúe) es similar a la de Rajoy. La “aportación” del gobierno a la crisis supone destrucción de empleo (Osakidetza, enseñanza, EITB, subcontratas...) y recortes sociales.

• El gobierno ha recortado en partidas sociales y sus últimas declaraciones incorporan un nuevo concepto: van a defender los “derechos esenciales”. Nos preguntamos qué es eso, sino un eufemismo para tratar de ocultar la política real.

• El gobierno, en los ámbitos de su responsabilidad directa, niega el derecho a la negociación colectiva de los empleados y empleadas públicos. Su apuesta por la caída salarial en el ámbito público se ha convertido en un referente para la patronal privada.

• El “diálogo social” que plantea el gobierno es un subsistema del existente en España, y análogo al de Nafarroa. El gobierno, que ha renunciado a cualquier pulso político con Madrid, se limita a acordar, en unos casos, y a aplicar, en otros, lo que decide Madrid. No existe ninguna transicion hacia un modelo equilibrado; la ley española lo impide.

• ELA desea resaltar el apoyo del gobierno a Confebask. No hay ni una sola crítica para una patronal que, incluso, ha dicho no a las propias propuestas del gobierno (Acuerdo Interprofesional). Una patronal que representa, en nuestra opinión, un papel de lobby de presión antidemocrático (no acredita su representación). Mientras elude cualquier juicio sobre su comportamiento, el gobierno busca su chivo expiatorio en ELA. Nos parece, cuando menos, injusto y desproporcionado. A esto hay que añadir una política industrial inexistente que se concreta en defender una cruzada contra los impuestos a las empresas (Tapia).

2.- Además, las últimas decisiones del gobierno refuerzan nuestra convicción. Así, podemos citar:

• La utilización de la Diputación Foral de Bizkaia para vetar el debate en el Parlamento Vasco sobre la ILP impulsada por ELA y avalada por 110.000 firmas para establecer unos mínimos en materia de subcontratación pública. Se nos hace imposible entender que alguien pretenda defender el diálogo cuando, sobre temas tan importantes, impide el mínimo debate.

• La propuesta de Ley de Empleo Público, que además de ser una copia de la legislación estatal, niega el derecho a la negociación colectiva e incrementa los niveles de arbitrariedad en la gestión del empleo público con objetivos de privatización.

• La decisión unilateral del gobierno de terminar con las ayudas a la conciliación.

• Y hasta la propia cicatería en otras cuestiones, como por ejemplo, su negativa a pagar las cuotas de ITZARRI (el resto de Administraciones Vascas sí hacen sus aportaciones a Elkarkidetza), o la negativa a devolver el 100% de la paga extra de 2012, mientras que la Diputación de Bizkaia (PNV) y Araba (PP) dicen que lo van a hacer, y la de Gipuzkoa (Bildu) ya lo ha hecho.

Para concluir, el documento entregado por el gobierno nos parece impresentable. El único contratiempo para el ejecutivo es que hay alguien (ELA) que plantea los problemas, y eso no le gusta. El diálogo social no lo veta ELA, sino las políticas antisociales del gobierno y el cambio de escenario brutal que las leyes han impuesto en favor de la patronal. Mientras los gobiernos aumenten las desigualdades sociales el sindicalismo debería estar lejos de esas mesas. Solo la dependencia estructural de los recursos públicos explica la presencia de otros sindicatos.