Dieciséis años son demasiados, es hora de actualizar el convenio Udalhitz

En Euskal Herria, 2010 fue también el año en que perdió su vigencia el último Udalhitz, el acuerdo que regulaba las condiciones laborales de las plantillas municipales de la CAPV. Volver la vista atrás sirve para dimensionar lo que supone que este sector lleve dieciséis años sin un acuerdo sectorial actualizado.

Según datos de Eustat, más de 28.000 personas trabajan en los ayuntamientos vascos y sus empresas públicas municipales. Salvo contadas excepciones, sus condiciones laborales apenas han mejorado desde 2010. Dieciséis años sin avances suficientes en salud laboral, jornada anual, planes de rejuvenecimiento o reducción de la eventualidad, y sin frenar las privatizaciones. Tampoco se han acordado medidas para garantizar el derecho a vivir y trabajar en euskera, en un contexto de continuos ataques judiciales contra nuestra lengua. Todo ello mientras se asumían los recortes salariales y de empleo impuestos desde Madrid.

Lo más grave es que los partidos políticos de nuestro país han permitido que esta situación se prolongue. En lugar de defender la capacidad de negociar las condiciones laborales en Euskal Herria, han aceptado que el Gobierno español siga marcando los límites de las subidas salariales y de la tasa de reposición, aplicando aquí sus decisiones sin apenas margen propio. Un modelo de ordeno y mando que se prolonga desde hace casi dos décadas y que resulta inaceptable.

Hace casi dos años comenzó la negociación de un nuevo Udalhitz. ELA mostró su disposición a negociar, pero exigió unos compromisos básicos: partir del último texto vigente y mejorar sus condiciones; revertir los recortes aceptados durante estos años; y rechazar las imposiciones de Madrid para situar la capacidad de decisión en Euskal Herria.

Los partidos PNV, EH Bildu, PSE e Independientes aceptaron estas premisas y avalaron el protocolo. Sin embargo, el desarrollo de la negociación ha demostrado que esos compromisos no se están trasladando a la mesa. ¿Para qué se firmaron si después no se traducen en propuestas y acuerdos concretos?

Para ELA, resulta especialmente difícil entender la posición del PNV y EH Bildu. No solo se niegan a incorporar numerosas reivindicaciones, sino que aceptan que el Estado español siga condicionando las condiciones laborales de las plantillas municipales. La contradicción es evidente: las instituciones vascas reclaman capacidad de decisión para gestionar sus políticas y presupuestos, pero aceptan que las decisiones sobre los salarios y las condiciones laborales de sus propias plantillas se adopten fuera de aquí. El resultado es el deterioro de sus condiciones de vida y de trabajo.

Tampoco vale escudarse en la falta de recursos. Los datos presupuestarios apuntan a que existe margen para abordar mejoras. En 2025, los ayuntamientos vascos dejaron de ejecutar 1.100 millones de euros, el equivalente al 20 % del presupuesto medio total. Además, según informaciones publicadas recientemente, los fondos de Udalkutxa destinados a los municipios de Bizkaia volverán a marcar un récord, con 92,5 millones de euros más que el ejercicio anterior, un incremento del 7,7 %. En Gipuzkoa y Araba también se prevén aumentos presupuestarios.

Disponer de recursos no significa que todo ese dinero pueda destinarse directamente a salarios, pero sí obliga a explicar qué margen existe y por qué no se traduce en mejoras concretas. Las reivindicaciones de las plantillas son legítimas y deben abordarse con voluntad política. Lo que falta no son razones para mejorar las condiciones laborales, sino voluntad para hacerlo.

Frente a esta situación, las plantillas municipales de la CAPV han dejado claro que no aceptan más recortes y que están dispuestas a luchar por recuperar el poder adquisitivo perdido, reducir la jornada anual, impulsar planes de rejuvenecimiento, acabar con la dependencia de Madrid en las futuras subidas salariales y garantizar el derecho a vivir y trabajar en euskera. En definitiva, reivindican algo tan básico como poder decidir aquí.

La pelota está en el tejado de EUDEL y de los partidos políticos que forman parte de esta institución. Después de dieciséis años sin actualizar Udalhitz y casi dos años de negociación, las plantillas municipales necesitan compromisos concretos, no nuevas declaraciones de intenciones.

Mejorar sus condiciones laborales también significa reforzar los servicios públicos y mejorar la atención que recibe la ciudadanía.

Dieciséis años son demasiados. Es hora de pasar de los compromisos a los acuerdos.