El “quiero y no puedo” de Uriarte

Al parecer son nuestras acciones las que perjudican la enseñanza pública y no las políticas del Gobierno Vasco. No el hecho de que mientras la matriculación ha crecido en 27.116 alumnas y alumnos en los últimos 9 años, se hayan generado tan sólo 661 nuevas aulas, esto es, 894 aulas menos que las necesarias; y que en consecuencia, el alumnado por aula haya aumentado un 9,1% por término medio. Para la consejera no repercute negativamente el que haya 2.000 puestos de trabajo menos que los necesarios, ni que hayan aumentado las cargas de trabajo, ni que sean insuficientes los medios para educar en equidad, igualdad, de manera inclusiva y haciendo un seguimiento personalizado.

Tampoco deben tener repercusión el empeoramiento de las condiciones de trabajo ni la falta de estabilidad de las plantillas en los centros. La temporalidad es alarmante, alcanza el 38% en el profesorado, el 41% en el personal de Haurreskolak, el 58% en Educación Especial, y el 64% en Cocina y Limpieza. Para Uriarte no es problemático que 2 ó 3 cocineras o cocineros tengan que dar de comer a más de 300 escolares, los problemas comienzan cuando deciden movilizarse. Al parecer, no hacer sustituciones o hacerlas pasada la semana no perjudica el proceso educativo.

Dice la consejera, además, que ese plazo para hacer sustituciones fue consensuado con los sindicatos en 2010; aunque se le olvida añadir que el consenso se hizo con la minoría sindical, CCOO y UGT, con el 19,7% de representación. Para el Gobierno Vasco destinar en 2017 162 millones de euros menos a educación que en 2009 o invertir en educación de año en año cada vez menor proporción de nuestra riqueza, aunque el PIB crezca notablemente, no perjudica el sistema educativo.

No obstante, lo que me ha terminado de dejar estupefacto es oír a Uriarte decir qué materias están en su mano, y por tanto son susceptibles de negociación, y cuales no están es su mano y por tanto no son negociables.

El gobierno parece estar dispuesto a reducir la tasa de eventualidad, pero para ello han hecho una propuesta de OPE para el profesorado, con 5.000 plazas a cubrir a lo largo de la legislatura (si se deducen las 738 plazas de 2017, quedarían 4.262 hasta 2020). Y 268 plazas en Educación Especial. Al parecer, en Cocina y Limpieza o en Haurreskolas no es necesario reducir la temporalidad. Siendo esto así y considerando que anualmente se jubilan cerca de 750 docentes, la tasa de temporalidad en 2020 quedaría en el 24.9%. Resulta obvio que en el resto de colectivos aumentaría considerablemente.

Sin embargo, lo más sorprendente, lo más lamentable diría yo, es oír a la Consejera hablar de lo que no está en su mano. Dice que no está en su mano aumentar las plantillas recortadas, recuperar el poder adquisitivo (-15%, desde el 2009 una pérdida de más de 35.000 € por persona en muchos casos) o llevar la inversión en educación a la media europea. Dice que el Gobierno Vasco estar supeditado a las directrices del gobierno español.

¿Dónde queda el autogobierno si las inversiones en necesidades básicas como la educación, la sanidad y los servicios sociales, las plantillas, las condiciones laborales o las propias políticas en dichas materias dependen del estado español o están limitados por él? ¿Dónde quedan las competencias exclusivas? ¿Para qué queremos un Departamento de Educación o un Gobierno Vasco? Por no hablar de la injusta fiscalidad y del diferencial en recaudación respecto a la media europea.

¿Por qué no dice Uriarte que el presupuesto de 2017, el límite de déficit y el techo de gasto hasta 2020 los acordaron el PNV y el Gobierno Vasco con el Gobierno de España? ¿Y que seguramente harán lo mismo para 2018? Han acordado con el gobierno español que, independientemente del crecimiento económico o la recaudación fiscal, el presupuesto no crecerá más del 2,4%, que el déficit no será mayor que el 0,4%, y que el pago de la deuda pública y del rescate bancario tendrán prioridad sobre el desarrollo de los servicios públicos.

Acordar todo eso y decir que estamos limitadas por Madrid es tomar por estúpida a la ciudadanía vasca o hacer un ejercicio de cinismo inaceptable. ¿Tenemos que recordar a la consejera de Educación que, inmersos en las negociaciones de los presupuestos, el PNV acordó con el Gobierno de España limitar las plantillas de los servicios públicos, así como limitar las tasas de reposición de las vacantes creadas?

Todo esto evidencia que la educación no es una prioridad para el Gobierno Vasco. A la vez que se han destinado a Educación 162 millones de euros menos que en 2009, el pago de la deuda y el rescate bancario han acaparado 953 millones de euros más, y para la construcción del TAV el gobierno ha adelantado 2.289 millones de euros desde 2009.

Si se destinara a Educación lo que ha ido a parar a los bancos, ni que decir tiene si sumáramos lo invertido en el TAV, estaríamos en niveles de inversión en Educación comparables con la media europea, incluso superiores.

Estaríamos en condiciones de ampliar notablemente las plantillas en todos los sectores, de disminuir la ratio de alumnado por aula, de hacer sustituciones desde el primer día, de dedicar más medios a educar en equidad, igualdad y de manera inclusiva, de disponer de instrumentos para la mejora de la formación del personal, de más recursos financieros para las infraestructuras de los centros, de más educadores y medios para necesidades educativas especiales, de más recursos para familias y material didáctico, de poder recuperar el poder adquisitivo perdido, de restaurar las ayudas para la jubilación anticipada, de que las haurreskolak fueran gratuitas y aumentar, así, significativamente las matriculaciones, de que las comidas se prepararan en los mismos centros por servicios propios...

Todo ello depende del Gobierno Vasco y de Cristina Uriarte. Si no lo llevan a cabo es porque no quieren o tienen otras prioridades. O, quizá porque no desean confrontar con el estado español, por la salvaguarda de otros intereses; aunque ello signifique sacrificar nuestros servicios públicos y sociales y se aniquile el autogobierno.

Como representantes de las trabajadoras y trabajadores, agentes educativos y agentes sociales que somos, no cejaremos en nuestro empeño de denunciar, reivindicar, proponer y movilizar el personal, alumnado, familias y ciudadanía en general hasta conseguir desarrollar y fortalecer nuestra sistema educativo, y la educación pública en especial.

Xabi Irastorza Garmendia,
responsable de enseñanza de ELA.