La crisis de vivienda exige otros presupuestos

19/11/2026
La crisis de vivienda exige otros presupuestos
Xabi Zabala, miembro del Gabinete de Estudios
Hay algo que nunca cambia cuando el Gobierno Vasco presenta sus presupuestos: siempre son los más altos de la historia, siempre refuerzan los servicios públicos y siempre representan un nuevo compromiso con el bienestar de la ciudadanía. Sin embargo, cuando uno deja a un lado los grandes titulares y empieza a mirar las cifras, la realidad es menos triunfalista.

Tampoco es ninguna novedad que el Gobierno Vasco hable de diálogo, de voluntad de acuerdo y de espíritu constructivo. Pero, los hechos apuntan en otra dirección. Este año, además, la falta de voluntad de diálogo del Ejecutivo ha quedado más patente que nunca. El 17 de noviembre, el consejero de Hacienda y Finanzas, Noel d’Anjou, dio por cerrada la negociación presupuestaria sin haber iniciado siquiera una negociación real con los grupos de la oposición. Una vez más, el discurso del diálogo contrasta con la práctica política real: mucho se habla de diálogo, de voluntad de acuerdo y de espíritu constructivo, pero la realidad es muy distinta.

Los presupuestos suelen percibirse como un asunto técnico, limitado a los círculos políticos e institucionales, como si fueran una sucesión de partidas y millones que poco tienen que ver con la vida de las personas. Pero nada más lejos de la realidad. Los presupuestos son la principal herramienta, junto a la política fiscal, de las que dispone un Gobierno para decidir qué necesidades atiende, qué derechos garantiza y qué desigualdades combate. No son neutrales, detrás de cada partida hay una decisión política y detrás de cada ausencia, también.

Por eso merece la pena detenerse en las cuentas que ha presentado el Ejecutivo vasco. El proyecto presupuestario asciende a 17.629 millones de euros, un 1,8% más que el año anterior si tenemos en cuenta la Alianza Financiera Vasco que presentaron el año pasado. Una cifra que, de manera aislada, podría parecer un nuevo esfuerzo. Sin embargo, cuando se pone en relación con el contexto económico, la fotografía cambia considerablemente. Con unas previsiones de crecimiento del PIB nominal del 4,9% para el próximo año, el incremento presupuestario queda muy por debajo de la evolución de la economía. En otras palabras, el Gobierno no está aumentando el esfuerzo público al mismo ritmo que crece la riqueza generada. De forma que el resultado es una pérdida de peso relativo de los recursos públicos y una menor capacidad para responder a las necesidades sociales.

En sanidad y educación, dos de los pilares fundamentales de cualquier política de bienestar y que copan la mayor parte del presupuesto, los incrementos presupuestarios no son suficicentes para responder a las necesidades existentes ni para revertir los problemas estructurales que arrastran ambos servicios públicos. Aunque la partida destinada a Educación sube en relación al proyecto presupuestario presentado el año pasado, lo cierto es que se reduce en 30 millones respecto a la previsión de cierre. En el caso de la Sanidad, el gasto sube un 3,04%, por debajo de la inflación, lo que también supone un recorte en términos reales.

Pero hay un ámbito en el que la distancia entre el discurso institucional y la realidad resulta especialmente difícil de disimular: la vivienda. En plena crisis de vivienda, el Gobierno Vasco destina apenas el 2,8% de su presupuesto a esta materia o, lo que es lo mismo, menos del 0,5% del PIB. Cuesta entender que una cuestión que condiciona la vida de miles de personas, retrasa la emancipación de la juventud y compromete una parte cada vez mayor de los salarios siga ocupando un lugar tan reducido en las cuentas públicas.

El Ejecutivo destina más dinero a prestaciones económicas vinculadas a la vivienda que a la construcción de vivienda protegida. Las ayudas pueden resultar necesarias para aliviar situaciones concretas, pero difícilmente resolverán un problema estructural. Subvencionar el acceso a una vivienda cada vez más cara no equivale a garantizar el derecho a tenerla. Además, las prestaciones suponen una transferencia de dinero público que acaba en manos de los rentistas.

No se puede garantizar un derecho básico con un parque público tan reducido ni continuar destinando recursos públicos a un modelo que beneficia principalmente a quienes convierten la vivienda en una fuente de rentabilidad. Hace falta otra política: aumentar de manera decidida la vivienda pública, intervenir sobre un mercado del alquiler que expulsa a cada vez más personas y adoptar cambios legislativos que permitan anteponer el derecho a la vivienda a los intereses especulativos. Por eso, entre otras cuestiones, el Gobierno Vasco debería destinar en el corto plazo al menos el 1% del PIB a políticas públicas de vivienda, tal y como reivindica ELA

La huelga general del pasado 11 de noviembre puso precisamente esta cuestión en el centro del debate. Miles de trabajadoras y trabajadores salieron a la calle para exigir que las instituciones asuman su responsabilidad y dejen de ofrecer respuestas insuficientes ante una emergencia social. Sería difícil encontrar un contraste más evidente que el que existe entre esas reivindicaciones y unos presupuestos que apenas modifican la orientación de las políticas actuales.

Los presupuestos son mucho más que una relación de ingresos y gastos. Son una declaración de prioridades y una expresión del modelo de sociedad que quiere construir un Gobierno. Estos presupuestos siguen sin dar respuesta a las principales necesidades sociales y, por mucho que el Gobierno insista en presentarlos como históricos, difícilmente pueden calificarse de presupuestos sociales.