No es una teoría conspirativa: es una campaña organizada contra el euskera

CCOO ha acusado a Argia y a quienes hemos presentado la denuncia de construir “teorías conspirativas”. No hay ninguna teoría conspirativa, sino una campaña organizada contra el euskera y contra los euskaldunes. Tal y como muestra la investigación, se animó a personas sin interés real en obtener un puesto de trabajo a inscribirse en convocatorias públicas para, posteriormente, presentar recursos. Se les ofrecía abogado gratuito, se les facilitaba el procedimiento, y el objetivo no era conseguir empleo, sino tumbar las convocatorias. Esto no es defender un derecho, es un fraude procesal organizado.

Un grupo de militantes de CCOO y Ezker Anitza (IU) ha contrapuesto durante años los derechos laborales y los derechos lingüísticos. Se trata de una falsa dicotomía supremacista que solo se aplica en el caso del euskera, ocultando que el conocimiento del castellano es un requisito obligatorio en todos los empleos públicos. De hecho, el derecho a trabajar en euskera y a ser atendido en euskera también es un derecho de trabajadores y ciudadanos. Eliminar el derecho a trabajar en euskera no es defender a los trabajadores; es perpetuar la prioridad que ya tiene el castellano y convertir a los euskaldunes en ciudadanos de segunda.

Los impulsores de esta ofensiva, CCOO y UGT, firmaron en Madrid un acuerdo que pone en riesgo los puestos de trabajo del personal temporal. Y en Euskal Herria no han apoyado propuestas para consolidar al personal público temporal en sus puestos ni para euskaldunizar la administración de forma flexible y progresiva. Se trata de propuestas que garantizan la consolidación del empleo y, al mismo tiempo, plantean regímenes transitorios para cumplir los requisitos lingüísticos, creando condiciones reales para aprender euskera y previendo excepciones para quienes están cerca de la jubilación. Han preferido firmar ese acuerdo en Madrid y, al mismo tiempo, alimentar una cruzada contra la normalización del euskera, es decir, perpetuar el trabajo únicamente en castellano.

El verdadero problema no es la temporalidad ni la dureza de las condiciones de acceso al empleo público. El problema es el euskera. Para acceder a la administración pública se exigen numerosos requisitos: titulaciones, oposiciones, competencias técnicas, experiencia o saber castellano. Nadie dice que no poder presentarse a una plaza de médico sin haber estudiado medicina sea discriminatorio. Tampoco se afirma que exigir saber castellano sea excluyente. El único requisito que quieren eliminar es el del euskera. Porque el derecho lingüístico no es solo la posibilidad de hablar, también es necesario que quien escucha tenga capacidad de entender. De lo contrario, no hay ni lengua ni comunicación.

En este contexto debe entenderse el Decreto 19/2024, cuyo objetivo es normalizar el uso del euskera en el sector público vasco. Aunque los criterios que establece el decreto a menudo son insuficientes para la normalización, su objetivo es fijar una referencia mínima: una herramienta que indica en cuántos puestos debe establecerse el requisito lingüístico para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía.

Sin embargo, los partidos, agentes y sindicatos que impulsan la ofensiva contra el euskera buscan amparo en la interpretación más restrictiva de la Constitución española, y se basan en sentencias e interpretaciones de tribunales y jueces supremacistas, españolistas y contrarios al euskera para convertir una normativa creada para garantizar un conocimiento y uso mínimos del euskera en un instrumento para obstaculizar su expansión y normalización. Presentan una herramienta de normalización como un límite jurídico, para evitar que la administración adopte medidas eficaces a favor del euskera. Esa es la verdadera operación: frenar la normalización del euskera.

Ni en el caso de Errenteria, ni en el de Donostia, ni en las diputaciones forales ha habido defensa de los trabajadores; ha habido un sabotaje organizado contra el euskera y las y los euskaldunes. Y que los impulsores de ese sabotaje adopten el papel de víctimas de una teoría conspirativa es pura hipocresía.

A quienes defendemos el euskera nos corresponde responder a estos ataques y tomar medidas para que no vuelvan a repetirse. Las instituciones, los sindicatos, los partidos políticos, los agentes sociales y el movimiento a favor del euskera debemos dar una respuesta a la altura de la ofensiva: creando garantías legales más sólidas, dando respuestas institucionales y promoviendo la movilización social.

El derecho a vivir en euskera es un derecho democrático básico de toda la ciudadanía y de toda la clase trabajadora. Y para garantizarlo se necesitan medidas valientes: políticas para universalizar el conocimiento del euskera, condiciones materiales para su uso y convertir el conocimiento de las dos lenguas oficiales en un verdadero punto de partida en la administración pública, garantizando los puestos de trabajo y euskaldunizando la administración de forma progresiva y flexible. De lo contrario, hablar de libertad es un engaño. Quien solo sabe una lengua impone siempre esa lengua. Solo una administración que conoce ambas lenguas puede garantizar la elección de la ciudadanía.