Se hace justicia contra el descontrol en enseñanza concertada
El Juzgado de lo Social número 4 de Pamplona ha declarado que la baja por trastorno adaptativo sufrida por un profesor y delegado sindical de ELA del Colegio Técnico Carlos III de Pamplona, es consecuencia de la problemática laboral ocasionada en el centro de trabajo. El fallo es firme al no haberlo recurrido nadie, y al demandante le ha sido abonada una cantidad resarcitoria por los daños ocasionados. La sentencia concluye que “ha quedado acreditado que el trabajador sufrió un proceso de baja de trastorno adaptativo desde el 02/09/2019 hasta el 19/08/2020, como consecuencia de la problemática laboral ocasionada en el centro de trabajo donde prestaba sus servicios como profesor”
Valoramos muy positivamente este fallo, ya que ayuda a visibilizar la problemática psicosocial que se vive en muchos centros de trabajo. Además se demuestra que existen vías tanto sindicales como jurídicas para hacer frente con éxito a estas situaciones de abuso.
Todo comenzó cuando en 2016 el sindicato ELA recibió la información sobre el montante de horas lectivas que el Departamento tenía concertadas con cada colegio, así como el número de religiosos/as en pago delegado en cada centro, una información que había pedido por instancia al consejero de Educación, José Luis Mendoza.
Los gobiernos anteriores no eran transparentes, y a los colegios se la habíamos pedido desde los Comités de empresa, pero se habían negado a darla. Cuando el gobierno nos dio la información solicitada, en un colegio religioso comprobamos que sumando el horario lectivo de todo el profesorado nos faltaban unas 50 horas concedidas que no sabíamos quién hacía y cobraba, y en las que supuestamente hacían labores de apoyo a la dirección. Pero ni la empresa ni Educación nos aclaró si eso era así.
Lamentablemente, en el colegio Carlos III, el profesor y delegado sindical padeció represalias por destapar la verdad: ni el alumnado disfrutaba de horas de desdoble de FP, ni el profesorado las cobraba. De hecho, años atrás había sustituido a una familiar del gerente y había cobrado casi jornada completa cuando en realidad solo impartía 8 horas lectivas semanales. El profesor había sido elegido con el 100% de votos de la plantilla para que fuera su delegado sindical, y desde 2016 estuvo aguantando tres cursos de ninguneo y de cambios de funciones hasta que cayó de baja. Además, en 2019 también tuvo que recurrir a la justicia para reclamar el salario impagado del verano de 2018 de las horas de Taller profesional, a pesar de que el centro recibía de Educación la subvención que incluía las 14 pagas para el personal. Finalmente, la empresa decidió abonar la cantidad adeudada en la víspera del juicio.
A raíz de toda esta problemática, ELA se entrevistó en 2017 con partidos del Parlamento de Navarra, que pidieron un informe fiscalizador a la Cámara de Comptos de Navarra. Finalmente el informe se publicó en 2018, y en el mismo se constató el escaso control y que el menor coste de los colegios concertados recae sobre la plantilla. Comptos recomendó crear una Unidad de Control de la enseñanza concertada y verificar si se cumplen los horarios y funciones. Si esto se controlara, el personal de enseñanza concertada tendría menos carga de trabajo, con alguna hora lectiva menos, al repartirse mejor entre todo el personal.
La sentencia del Juzgado de lo Social ha sacado a la luz que la honradez y la transparencia a veces tienen premio, y compensan lo padecido. El control del dinero público sería garantía de mayor calidad educativa y laboral, pero está pendiente aún porque ningún gobierno se atreve a hacerlo hasta las últimas consecuencias. ¿Hasta cuándo?