Europa convierte los derechos de las personas migradas en mercancía
Lejos de confrontar los discursos de odio y la criminalización de las personas migrantes y refugiadas, las instituciones europeas han asumido buena parte de sus marcos y prioridades. El resultado es un Pacto Europeo de Migración y Asilo que amenaza, una vez más, con socavar las garantías del derecho de asilo y profundizar en una Europa fortaleza cada vez más alejada de los principios de derechos humanos que hace tiempo dejó de defender.
La entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo representa un nuevo giro regresivo de la Unión Europea en materia de derechos humanos. Lejos de construir una política común basada en la solidaridad y la responsabilidad compartida, Europa lleva tiempo optando por reforzar un modelo absolutamente deshumanizado centrado en la contención, la externalización de fronteras y la expulsión acelerada de personas migrantes y refugiadas. Si en 2024 el Pacto ya suponía una "oportunidad perdida" y una amenaza para el derecho de asilo y para el principio de no devolución, dos años después hay que sumarle la falta de transparencia en la forma en que los Estados están implementando estas medidas.
La filosofía del Pacto resulta profundamente preocupante: impedir que las personas lleguen y, si llegan, expulsarlas lo más rápido posible. La ampliación de procedimientos acelerados, los plazos reducidos para la resolución de solicitudes y las órdenes de expulsión prácticamente inmediatas responden más a una lógica securitaria que a una garantía efectiva de derechos. La rapidez en las expulsiones se convierte en un obstáculo para la justicia, porque la protección internacional exige análisis individualizados, asistencia jurídica adecuada y tiempo suficiente para que las personas puedan ejercer sus derechos.
El Reglamento de Retornos agrava todavía más esta deriva; la creación de centros de deportación y detención fuera de las fronteras comunitarias supone un nuevo paso hacia la externalización de responsabilidades y la deslocalización de las obligaciones jurídicas de los Estados europeos. Resulta paradójico que las instituciones europeas sostengan que estos mecanismos solo podrán desarrollarse en países que respeten los derechos humanos, el derecho internacional y el principio de no devolución. Precisamente muchos de los acuerdos migratorios suscritos por la Unión Europea durante los últimos años han sido cuestionados por organismos internacionales y denunciados por organizaciones humanitarias por las vulneraciones sistemáticas de derechos que se producen en terceros países.
Especialmente grave es la denominada "solidaridad flexible", un mecanismo que permite a los Estados pagar para evitar acoger personas refugiadas. De esta forma, Europa pone precio a la solidaridad y transforma la protección internacional en una mercancía negociable.
La posición del Estado español frente al nuevo Pacto tampoco está exenta de contradicciones. Aunque el Gobierno ha tratado de presentarse como uno de los actores más garantistas dentro de la Unión Europea a través, por ejemplo, del proceso de regularización extraordinaria, ha aceptado el marco general del Pacto, validando el reforzamiento del control fronterizo, la aceleración de procedimientos de asilo y la ampliación de lógicas de detención, devolución y externalización. Lo ha hecho, además, sin una participación efectiva de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y, sobre todo, de las organizaciones sociales que llevan décadas sosteniendo la acogida.
Es necesario impulsar políticas públicas integrales que garanticen los derechos de las personas migradas, y trasciendan el control de fronteras y las respuestas de emergencia. La acogida no puede limitarse a proporcionar alojamiento temporal; requiere políticas coordinadas en materia de vivienda, empleo, educación, sanidad, aprendizaje de las lenguas propias, participación comunitaria y lucha contra las desigualdades. También es necesario poner los recursos económicos suficientes para garantizar que migrar pueda ser efectivamente un derecho con garantías.
Frente a los discursos de odio que presentan la diversidad como una amenaza y alimentan una idea cerrada y esencialista de la identidad, es evidente que debemos reivindicar la construcción de una Euskal Herria plural, capaz de integrar diferentes orígenes, culturas y trayectorias vitales. La cohesión social no pasa por uniformizar ni por exigir renuncias identitarias, sino por construir un proyecto compartido basado en derechos, deberes y reconocimiento mutuo.