ELA exige al Gobierno Vasco y al Gobierno de Navarra que frenen la expulsión de las familias amenazadas por los fondos buitre
ELA muestra su total apoyo y solidaridad con las vecinas y vecinos de Los Ochos de Erandio, que están luchando por permanecer en las viviendas en las que llevan años viviendo. La venta de estos inmuebles a Mosaic Propco y la decisión de no renovar contratos amenaza la continuidad de decenas de familias en sus hogares. La situación es especialmente urgente para las personas cuyos contratos finalizan la semana que viene.
Lo que está sucediendo en Erandio no es un hecho aislado. Situaciones similares afectan a cientos de familias en Euskal Herria. En Benta Berri, Donostia, más de 500 viviendas de alquiler protegido propiedad de un fondo de inversión corren el riesgo de ser desahuciadas cuando finalice su protección en 2028. En Iruñea, las familias que viven en alrededor de 500 viviendas propiedad de Testa Residencial han conocido que sus contratos no serán renovados cuando finalicen entre 2027 y 2030, para vender las viviendas en el mercado libre. A ello se añaden otros casos que se están produciendo en diferentes municipios.
Para ELA, todos estos conflictos tienen un mismo denominador común: la vivienda se ha convertido en un activo financiero con el que obtener rentabilidad, mientras se relega a un segundo plano su función social y el derecho de las personas a disponer de una vivienda digna y asequible.
ELA considera que el Gobierno Vasco no puede limitarse a observar o mediar en el conflicto de Erandio. Debe intervenir para garantizar que las familias puedan permanecer en sus viviendas y evitar que una operación especulativa termine expulsándolas de sus hogares. De la misma manera, los partidos vascos que tienen representación en Madrid deben presionar para que se apruebe el decreto antidesahucios en la mayor brevedad posible.
El Gobierno Vasco ha anunciado que quiere acelerar la declaración de Erandio como zona de mercado residencial tensionado y ha manifestado su disposición a estudiar la adquisición de las viviendas. Sin embargo, esta declaración de zona tensionada podría ser ya efectiva si el Gobierno Vasco hubiera tomado la iniciativa y no hubiera dejado en manos de los ayuntamientos la decisión. ELA considera que deben utilizarse todas las herramientas disponibles para proteger inmediatamente a las familias afectadas. Sin embargo, no puede presentarse como la solución definitiva al problema.
Por tanto, hacen falta medidas estructurales que vayan mucho más allá de gestionar temporalmente las consecuencias de la crisis habitacional. El Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra deben abandonar una política subordinada al mercado y garantizar de manera efectiva el derecho subjetivo a la vivienda, ampliando decididamente el parque público permanente de alquiler
Asimismo, ELA considera imprescindible prohibir la entrada y actuación de fondos buitre. No es aceptable que edificios enteros y viviendas que constituyen el hogar de cientos de familias sean adquiridos como activos financieros para incrementar su rentabilidad mediante la subida de precios, la no renovación de contratos o su posterior venta.