Los ayuntamientos y las diputaciones de la CAPV han perdido más de 3.400 empleos
ELA ha denunciado que la ofensiva contra los servicios públicos, "Han optado por una campaña de ataque, desprestigio y precarización de las condiciones laborales y del servicio. Las condiciones de trabajo del empleado público en la CAPV, lejos de ser un privilegio, son punta de lanza en la precarización del mercado laboral", han subrayado ELA.
Para ELA, la política de subcontratación y privatizaciones "nos llevan a hablar de una administración paralela", en algunas administraciones hay más gente trabajando mediante empresas subcontratadas que personal propio. Esta política de subcontratación se realiza para adelgazar el servicio público y favorecer beneficios privados, a costa de precarizar el empleo público (servicio de menor calidad, con contratos a tiempo parcial, en su gran mayoría de mujeres).