No vivimos en la Arcadia feliz: las desigualdades sociales están aumentando
El discurso del Lehendakari parte de una premisa que ELA no comparte: la bondad de las políticas de ajuste que aplica y la inexistencia de alternativas a las mismas. El Gobierno Vasco manifiesta su compromiso “con las políticas de consolidación fiscal y control displicinado del déficit”, para dar cumplimiento a los principios de estabilidad que se derivan del Memorandum acordado por el PP con la Comisión Europea. La imagen que el Gobierno quiere trasladar contrasta con los datos reales: paro y desprotección social, precariedad laboral y caída salarial, contratos miserables y aumento de las desigualdades. Estos problemas, más allá de la propaganda, no ocupan el centro de la preocupación de las políticas del ejecutivo vasco.
El Gobierno Vasco insiste en aplicar políticas de ajuste:
1.- Los presupuestos para 2016 seguirán primando el pago de la deuda y el cumplimiento del acuerdo con Rajoy sobre el límite de gasto (para el 2016 el déficit máximo será del 0,3%); a lo que hay que añadir una política fiscal muy injusta que renuncia a eliminar el diferencial de presión fiscal que existe con Europa. Todo esto sucede cuando se hace público que las previsiones de recaudación no se cumplirán en 2015. Resulta llamativo que, sin pestañear, los portavoces del Gobierno anuncien nuevos ajustes. Nos parece intolerable que el Gobierno asuma que no hay nada más que hacer que continuar con los recortes, renunciando a modificar cualquier elemento de la política económica que pueda paliar la grave situación social que vivimos. El Gobierno opta, por el contrario, por ocultar que esta política aumenta las desigualdades insistiendo en que el crecimiento económico corregirá esta situación. ELA insiste en la falsedad de tal afirmación: el crecimiento, por sí solo, sin una decidida intervención pública en favor de las políticas sociales, convive con un aumento de las desigualdades.
2.- ELA quiere llamar la atención sobre el desprecio del Gobierno al derecho a la negociación colectiva de los trabajadores y trabajadoras públicos. Negativa a negociar, imposiciones y recortes; unas veces, porque está de acuerdo, haciendo seguimiento a la normativa básica del Estado y otras, cuando no hay norma básica, simplemente porque no tiene voluntad de negociar.
3.- ELA quiere subrayar que la prioridad de la política del Gobierno no es el empleo, y mucho menos la calidad del mismo. El Gobierno sigue destruyendo empleo, tanto directo como indirecto, recortando puestos de trabajo en la Administración y orientando la destrucción del mismo en las Sociedades Públicas (es el caso de EITB), así como en las empresas subcontratadas que actúan en la Administración. Sobre la calidad del mismo ELA denuncia la opción del Gobierno por la contratación a tiempo parcial también en el ámbito público, y la elaboración de programas para subvencionar la contratación precaria en el sector privado. ELA recuerda la apuesta para extender la miseria laboral en muchas subcontratas que dependen del propio Gobierno. Como prueba de que el ejecutivo defiende la caída salarial está el anuncio de su negativa a aprobar en el Parlamento la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), presentada por ELA y avalada por más de 110.000 firmas, que pretende impedir el deterioro de las condiciones de trabajo en los ámbitos subcontratados.
4.- En relación con el nuevo estatus, la propuesta en la que insiste el Lehendakari concede al Estado el veto a cualquier avance. El problema no reside en los términos, sino en constatar que el Estado carece de voluntad, y que esto es definitivo. Ni siquiera se constata la crisis del autogobierno; tampoco se es concluyente sobre la fase de involución que vive el Estado en todos los órdenes, confiando “el avance del autogobierno” a la misma transversalidad en la que fracasó el intento del último Estatuto Político.