ELA recurre la OPE por no valorar el euskera y establecer pruebas físicas discriminatorias
A través del proceso selectivo para ser Ayudantes de Ejecución Penal, el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, así como Empleo Público, han consolidado, más si cabe, un modelo estatal de prisiones plagado de deficiencias estructurales y alejado de las necesidades actuales de la sociedad vasca.
En este sentido, la convocatoria ha dado muy poco valor, como mérito, a la experiencia adquirida en el desempeño del servicio, dejando de este modo fuera a parte del personal actual, que ha sacado adelante el servicio en los últimos años desde la transferencia de la gestión de las prisiones. Esta es una decisión política que, si bien no es recurrible, sí es profundamente deplorable y criticable. Sin embargo, sí existen otras razones por las que ELA considera que se incumple la legalidad vigente, que son las siguientes:
Euskera: un baremo que no respeta la normativa vigente ni garantiza que este servicio público se preste y se trabaje en los dos idiomas oficiales del país
Las bases otorgan la misma puntuación a los niveles B2/B2, B2/C1, C1/C1, C2/C1 y C2/C2, sin motivación alguna, y quedan por debajo de los porcentajes mínimos que fija la normativa de normalización del uso del euskera. Además, las plazas se convocan engañosamente como plazas sin exigencia de perfil lingüístico, omitiendo que la RPT asigna a un gran porcentaje de los puestos el perfil lingüístico 2, con fecha de preceptividad en diciembre de 2027 en buena parte de ellos. No es la primera vez: el Departamento ya tuvo que corregir la valoración del euskera en las bolsas de trabajo de la escala penitenciaria, y vuelve a demostrar que el euskera les importa poco, así como las personas aspirantes que tienen conocimientos acreditados del mismo.
Pruebas físicas: discriminatorias, eliminatorias y sin justificación
ELA ha sido el único sindicato que se ha opuesto a las pruebas físicas eliminatorias, denunciando que aplican correcciones por sexo incoherentes que discriminan a las mujeres y que exigen las mismas marcas a aspirantes de 18 y 60 años al carecer de tramos por edad. Asimismo, estas evaluaciones no están vinculadas a ninguna tarea del puesto ni se apoyan en suficientes estudios o informes técnicos preceptivos. Por último, desde el sindicato censuramos que las bases de la convocatoria omitan múltiples aspectos esenciales que los candidatos deberían conocer con carácter previo.
Por todo ello, ELA ha presentado recurso contra las bases arriba señaladas con dos objetivos concretos: la correcta valoración del euskera y la eliminación de las pruebas físicas para el acceso al empleo público en el colectivo de Ayudantes de Ejecución Penal.
ELA seguirá defendiendo un modelo vasco de prisiones con plenas garantías, con unas condiciones laborales acordes con nuestro país, que respete los dos idiomas oficiales y esté dotado de recursos suficientes para cumplir con el objetivo de la reinserción.