El euskera, enjuiciado: Explicación de una ofensiva judicial y sindical
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Según el documento, la actual situación de esta lengua no es resultado de la evolución natural de una lengua con pocos hablantes, sino consecuencia directa de las políticas lingüísticas impuestas durante siglos por los estados español y francés. Por ello, la normalización del euskera no es una cuestión vinculada únicamente a la supervivencia de una lengua, sino que también tiene que ver con la igualdad de la ciudadanía, la justicia y los derechos lingüísticos.
El conocimiento universal del castellano y el francés no se ha extendido de modo natural; ha sido impuesto a través de la educación, la administración y los poderes públicos. Como consecuencia de ello el uso y transmisión del euskera se han debilitado, y aún hoy la casi totalidad de la población euskaldun no tiene posibilidad de vivir su día a día en euskera. Para comprender esta situación hay que subrayar la importancia del marco jurídico. El artículo 3 de la Constitución española establece la obligación de saber castellano, pero no la de conocer el euskera. Esto genera un desequilibrio jurídico que implica en la práctica el predominio del castellano.
En la CAPV se llegó durante la transición a un consenso político para desarrollar de modo progresivo la euskaldunización de las administraciones. Fue cuando se aprobó la Ley de Normalización del euskera (10/1982) y los consiguientes decretos. Sin embargo, en los últimos años los tribunales están haciendo una interpretación restrictiva de aquellas leyes. Se está reinterpretando el índice de preceptividad: Lo que inicialmente era un mínimo para impulsar la euskaldunización de las administraciones es interpretado por muchos jueces como límite máximo, lo que impide extender la exigencia del euskera.
La situación es aún peor en Nafarroa. La zonificación lingüística condiciona los derechos de la población en función de la zona donde vive, la presencia del euskera es muy reducida en la zona mixta, y casi nula en la no euskaldun. Además, la normativa establecida últimamente por UPN y PSN ha reducido la valoración del euskera en las oposiciones y puestos de trabajo públicos, dando incluso mayor relevancia a algunas lenguas. En Ipar Euskal Herria, el centralista marco jurídico francés no supone ninguna protección para el euskera, y una política lingüística progresista choca constantemente con la legislación estatal.
El documento aborda también el problema de la eventualidad en las administraciones públicas. Durante muchos años miles y miles de personas han permanecido en una situación laboral precaria, y cuando se han emprendido procesos de consolidación los perfiles en euskera se han colocado en el centro del debate político y sindical. Ante esto ELA, LAB y Kontseilua plantearon la propuesta de euskaldunizar las administraciones en un periodo de quince años, aprovechando la jubilación del personal y ofreciendo medios para aprender euskera a las trabajadoras y trabajadores. El objeto de la propuesta era garantizar a toda la población la atención en ambas lenguas oficiales, pero las instituciones no recogieron el guante.
Por otra parte, ELA critica duramente la actitud del sindicato CCOO, que considera la exigencia del euskera discriminatorio para las personas que no lo hablan. Sin embargo, quien domina ambas lenguas demuestra una mayor capacidad, y una administración pública debe tener la posibilidad de prestar servicios a toda la ciudadanía. Por otra parte, CCOO defiende que los perfiles lingüísticos se apliquen en función de la demanda actual, pero esta no es fruto de una libre opción, sino de la secular exclusión que ha sufrido el euskera.
Por último, hay que decir con claridad que efectivamente sí que existe una verdadera ofensiva judicial contra el euskera. Las sentencias de los últimos años, lejos de ser casos aislados, son parte de una tendencia generalizada a limitar la euskaldunización de las administraciones. Los tribunales han reinterpretado el índice de preceptividad, han anulado perfiles lingüísticos y han cercenado la autonomía de las administraciones para desarrollar políticas lingüísticas propias. Según los autores del documento, la ofensiva ha sido impulsada de modo organizado por determinados partidos políticos, sindicatos, patronales y medios de comunicación, mediante recursos y demandas sistemáticos. A raíz de ello han proliferado actitudes euskarófobas y, aun sin modificar la legislación, se ha elaborado una nueva jurisprudencia que limita la normalización del euskera.
Una de las principales conclusiones es que la ofensiva contra la normalización del euskera no es un mero fenómeno jurídico, porque responde a intereses políticos e ideológicos muy concretos. Frente a esta realidad, ELA cree que son fundamentales la movilización social, la voluntad política y la euskaldunización de las administraciones públicas; es así como se podrán equiparar realmente los derechos lingüísticos de todas y todos los ciudadanos.