Nueva reforma laboral para los trabajadores laborales de la Administración

En opinión de ELA, la enmienda presentada por el PP al Proyecto de ley de Racionalización del Sector Público, que se está tramitando actualmente en el Senado, supone una nueva reforma laboral para los trabajadores laborales de la administración.

Las medidas que pretende imponer el PP afectan directamente a los trabajadores de la administración en situación más precaria: el personal laboral contratado en fraude de Ley, personal laboral temporal, personal laboral indefinido no fijo por sentencia laboral, desempleados y desempleadas que prestan servicios para las administraciones mediante contratos de colaboración social, investigadores-as públicos-as o trabajadores-as que prestan servicios para las administraciones mediante encomiendas de gestión.

En esta enmienda el PP crea una división entre los trabajadores-as públicos-as, según cubran o no “puestos de necesaria cobertura”. Quienes cubran “puestos de necesaria cobertura” seguirán desempeñando este trabajo hasta cobertura de plaza según procesos reglamentariamente establecidos (concurso, oposición, concurso-oposición). Pero los trabajadores y trabajadoras públicos que cubran puestos que no se consideren de necesaria cobertura, verán como su relación laboral se podrá extinguir mediante amortización de puesto de trabajo, con los efectos del 49.1. C del E.T., con una indemnización de entre 8 y 12 días por año trabajado. Y no resultarán de aplicación los procedimientos y efectos previstos para el despido de los artículos 51 y 52 del E.T., es decir, 20 días por año. Por tanto, se facilita sobremanera el despido en un colectivo importante que trabaja para la administración y se abarata la indemnización de manera considerable.

Por otro lado, la enmienda también plantea la inaplicación del art 15.1 del E.T. en lo relativo a la duración máxima de los contratos por obra o servicio determinado (el E.T., con el fin de evitar la contratación fraudulenta, establece una duración máxima de un contrato eventual). Esta medida supone convertir las administraciones publicas en adalides de la precariedad laboral. Con esta medida la temporalidad en la administración será la norma general.

Por tanto, nos encontramos con una nueva vuelta de tuerca del PP en el sector público, una nueva reforma laboral orientada a la destrucción de empleo público, una precarización creciente de las condiciones laborales y de los servicios públicos y profundizar en la pretensión de minar lo público para ofrecerlo al negocio privado.

ELA exige a los partidos políticos de Hego Euskal Herria y las instituciones vascas que no den cobertura a esta ley, que acarrea pérdidas de empleo, mayor precariedad, centralización y un nuevo ataque a los servicios públicos. Exigimos también que no se aplique en las instituciones de Hego Euskal Herria.

Desde ELA llamamos una vez más a los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos a la movilización para cambiar de raíz estas políticas.