ELA dará comienzo al nuevo curso con una concentración el 11 de septiembre frente a la delegación de Educación de Bilbao
Unas ratios adecuadas, unos equipos docentes estables, el modelo de inmersión en euskera y unas cargas y una organización del trabajo adecuadas son imprescindibles. Todo esto requiere un incremento de recursos y de inversión. El Gobierno Vasco, sin embargo, se ha negado a adoptar estas medidas. La Ley de Educación de 2023 y el acuerdo sobre las condiciones laborales del profesorado de 2025 son la base del proceder actual del Departamento de Educación. Y mientras esto sea así no se tomarán las medidas de calado necesarias para reforzar la educación pública y combatir la segregación.
La dinamica “Eskola Bikaina Denontzat” ha sido un fracaso. No ha contado con la participación de varios de los agentes educativos más significativos y siguiendo la senda de la ley de Educación, el Gobierno Vasco ha decidido no abordar los principales factores que provocan la segregación escolar, como la desigual distribución territorial de la pobreza o un sistema educativo dividido tanto en tres redes como en tres modelos lingüísticos.
Para la organización y funcionamiento de los centros públicos, el Departamento también sigue las líneas de la ley de Educación y del último acuerdo del profesorado. Esto tiene, entre otras, las siguientes consecuencias:
No hay mejoras sustanciales de ratio, tampoco cambios en la política de ratios. Ni de forma general ni en centros de alta complejidad. La mejora de ratio supondría una mejora en la educación y atención al alumnado, así como en las cargas laborales y de salud del profesorado. En el acuerdo de 2025 no se recogieron mejoras sustanciales de ratio por parte de los firmantes, ni límites en la política de ratios. Por su parte, los ALE siguen sin ratio de asignación de profesorado de intervención directa. Por tanto, el departamento sigue aplicando los criterios más restrictivos. En el curso 26-27, por ejemplo, el Departamento cerrará 62 aulas en Gipuzkoa que cumplen el número mínimo de alumnos en Educación Infantil y Primaria.
No se garantiza empleo estable, tampoco equipos educativos estables. Incluso después de los procesos de estabilización, la temporalidad real supera el 30% en el profesorado, son miles los y las profesoras que cambian de centro cada curso. La estabilización del empleo, además de limitar la precariedad, supondría también la estabilidad de los claustros, tanto en beneficio de los proyectos del centro como del alumnado. Ni que decir tiene en los centros de alta complejidad. Ni en la ley de educación ni en el acuerdo del profesorado se han acordado medidas y plazos para reducir esta temporalidad a un 8% real y estabilizar el empleo. El Departamento ha anunciado recientemente la puesta en marcha de una oferta de empleo de 1.374 plazas en 2027. Cuando tiene alrededor de 15.000 profesores y profesoras trabajando cada curso de forma temporal y alrededor de 1.000 jubilaciones.
El modelo de inmersión en euskera no se ha implantado, en detrimento de un sistema educativo vasco cohesionado. Construir un sistema educativo público, propio y euskaldun es imprescindible para una sociedad vasca cohesionada. El Departamento ha rechazado el modelo de inmersión lingüística en euskera. O también ha suspendido este curso los cursos R de IRALE, que fomentan la formación y constituyen una herramienta de adhesión al euskera.
El profesorado, más que un reconocimiento de autoridad pública, necesita disponer de los recursos y de las condiciones e instrumentos de trabajo adecuados para poder realizar su trabajo de forma idonea.
A las puertas del nuevo curso, ELA se concentrará para denunciar todo esto el 11 de septiembre ante la Delegación de Educación de Bilbao a las 11 de la mañana.