300 días de huelga para mejorar las condiciones laborales y el servicio público

La plantilla del Centro Benito Menni de Salud Mental de Elizondo cumple 300 días de huelga, en un conflicto laboral iniciado en diciembre de 2024 para reclamar mejoras en las condiciones laborales y una atención de calidad para las personas usuarias. Se trata de un servicio público concertado y financiado con fondos del Gobierno de Navarra. Durante 2025, ELA se ha reunido tres veces con el Gobierno de Navarra para trasladarle la situación e interpelarle directamente sobre su responsabilidad en este conflicto.
El Gobierno de Navarra no está asumiendo su responsabilidad y, pese a conocer de primera mano la situación, no ha impulsado medidas efectivas para resolver el conflicto. En febrero de 2026, el Parlamento de Navarra instó al Gobierno foral a tener en cuenta las características específicas del sector de la salud mental y a dotar los recursos necesarios para mejorar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales. Sin embargo, tras la última reunión mantenida con la administración, la plantilla continúa sin una respuesta concreta. El Gobierno no puede desentenderse de las condiciones en las que se presta un servicio esencial de salud mental que financia con recursos públicos.
La empresa, por su parte, tampoco ha dado respuesta a las reivindicaciones fundamentales de la plantilla y mantiene propuestas que, a juicio de ELA, no permiten superar el conflicto. Las trabajadoras reclaman un convenio que garantice, como mínimo, un salario bruto anual de 22.400 euros, una reducción de la jornada laboral y unas condiciones de trabajo adecuadas, con cargas de trabajo y ratios de personal que permitan prestar una atención digna. Tras 300 días de huelga, la dirección debe asumir su responsabilidad y plantear avances reales que permitan alcanzar un acuerdo.
Los 300 días de huelga evidencian que este conflicto va mucho más allá de una reivindicación laboral. Está en juego el modelo de gestión de servicios esenciales y de cuidados: no resulta suficiente con financiar con dinero público un servicio si no se garantizan los recursos necesarios, unas condiciones laborales dignas y una atención de calidad. Además, el conflicto pone de manifiesto las dificultades que afrontan las trabajadoras de un sector feminizado en el que la precariedad y la brecha salarial continúan siendo una realidad. Por ello, las trabajadoras mantienen su compromiso de continuar en huelga y con las movilizaciones hasta conseguir avances reales y alcanzar sus objetivos.