El Gobierno vasco dice no a la ILP presentada por ELA
El contenido de la ILP presentada pretende que se regulen para el ámbito de las subcontratas que realizan las Administraciones unas cláusulas que impidan la caída en picado de las condiciones de trabajo (garantía de aplicación de convenio, subrogación laboral en caso de cambio de empresa y sanciones a las empresas que incumplan).
El argumento para justificar esa decisión (que algunos temas están judicializados en los tribunales) es, desde nuestro punto de vista, inadmisible y supone un menosprecio a la militancia de ELA y a todas las personas que han firmado, pero también al propio Parlamento, en la medida en que se le quiere negar al poder legislativo el debate y la decisión sobre esta iniciativa. Resulta sorprendente el argumento dado por un Gobierno que, por ejemplo, acaba de constituir una Comisión Parlamentaria para debatir sobre “autogobierno”. ¿Es que las materias relacionadas con el autogobierno no están pendientes de resoluciones de los tribunales? ¿No se han planteado recursos ante el Tribunal Constitucional? Sinceramente, nos parece una tomadura de pelo. En opinión de ELA, es obvio que las razones son otras. Si el Parlamento, según el Gobierno, no puede debatir y decidir, ¿cuál es su papel?
El motivo real de la negativa es la falta de voluntad del Ejecutivo para abordar el debate sobre la extensión de la precariedad laboral en el ámbito de las subcontratas, así como de la destrucción de empleo.
ELA quiere llamar la atención sobre el momento elegido por el Gobierno para sacarse de la manga ese argumento tan peregrino. No hay derecho a que lo haga una vez que el trabajo de recogida de las firmas está hecho. No hay derecho a que el trabajo sindical les importe un comino.
En un momento en que el equipo de Urkullu se empeña en defender su propuesta de Mesa de Diálogo Social, esta decisión sirve para demostrar que los debates importantes están vedados. Es evidente que una de las vías de ajuste presupuestario que las Administraciones están usando conlleva el empeoramiento de las condiciones de trabajo. Pues bien, ante ese hecho, este es el contenido del diálogo social: negar, incluso al Parlamento, el derecho a ese debate.
ELA solicita al resto de Grupos Parlamentarios que dejen solo al Gobierno en esta decisión que se votara en Pleno el próximo jueves, 26 de junio, y que reclamen el derecho del Parlamento a debatir y regular esas materias.