Representantes del sector público de ELA se han reunido con Barkos y Beaumont

Una delegación del sindicato ELA compuesta por Imanol Pascual, responsable de negociación colectiva, y Puy Remirez, miembro de la federación de servicios públicos, se ha reunido con la Presidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos, y con la consejera María José Beaumont.

Este sindicato ha trasladado a la Presidenta y la Consejera de Presidencia la falta de mejoras y les ha recordado que es inaceptable el bloqueo que el Gobierno somete a las mesas de negociación.

Así, ELA también ha subrayado su preocupación por las decisiones del Gobierno en lo relacionado con las OPE; Osasunbidea sin plazas en los niveles C y D, la OPE insuficiente de Núcleo, el reparto de plazas euskera-castellano y la no implantación de la lista única en la OPE de Educación.

ELA ha llamado la atención sobre la inaceptable precariedad laboral en la Administración (la tasa de temporalidad en Osasunbidea y en educación son del 44% y 31% respectivamente). Asimismo ha recordado, a modo de ejemplo, la situación de la contratación precaria en la ANDAP, la falta de mínimos en los parques de Bomberos o la política de subcontración de la Administración.

Este sindicato también ha recordado el no desarrollo del apartado retributivo de la nueva Ley de Policías, la falta de negociación en Justicia o la no devolución de la paga extra.

ELA ha vuelto a insistir en la necesidad de otra reforma fiscal. En opinión del sindicato la falta de recursos económicos no puede ser una excusa para no afrontar las mejoras necesarias en las condiciones laborales del sector público. En este sentido hay que recordar que en Navarra la presión fiscal ha sido del 29,3% en 2013, 0,1 puntos menos que en 2012. La diferencia respecto a la media europea se sitúa, por tanto, en 10 puntos del PIB. Es decir, si Navarra tuviese la presión fiscal media europea, habría recaudado 1.838 millones de euros más.

ELA ha emplazado a Uxue Barkos y a María José Beaumont a que tomen las iniciativas necesarias para impulsar una negociación real en el sector público con el objetivo de consolidar en empleo, recuperar la paga extra y poder adquisitivo, revertir servicios privatizados y desarrollar la ley de contratos públicos modificada por la ILP impulsada por ELA con el fin de incorporar cláusulas sociales en los pliegos de contratación.