La inhabilitación de Otegi es una decisión política, no judicial

ELA denuncia firmemente la inhabilitación de Arnaldo Otegi, que se trata de una decisión política y no judicial, lo que demuestra bien a las claras que el Tribunal Constitucional está a las órdenes del Gobierno español. Esta decisión es la prueba de que no existe separación de poderes en el Estado.

ELA defiende remover todos los obstáculos para la normalización politica en nuestro país. En ese sentido, negar el derecho a concurrir en las elecciones a Arnaldo Otegi es un acto de anormalidad democrática que debe ser rechazado con toda contundencia.
ELA denunció el proceso Bateragune como un proceso político instado para lograr una sentencia política. El proceso se instó en tiempos del PSOE y, es ahora el Gobierno del PP quien desea darle continuidad. El Gobierno español ha puesto a su servicio al Tribunal Constitucional para evitar esa necesaria normalización tan anhelada.