El Gobierno Vasco y el de Navarra aceptan unos presupuestos restrictivos y los límites de Rajoy
En la comparecencia conjunta de esta mañana en Bilbao han participado junto a los secretarios generales de ELA y LAB, Adolfo Muñoz y Ainhoa Etxaide, los respectivos responsables de las áreas sociales, Mikel Noval y Bea Martxueta.
Noval ha señalado que “la política fiscal y presupuestaria que se viene aplicando en Hego Euskal Herria tiene un claro sesgo neoliberal”. En este sentido, ha subrayado que “en materia de impuestos nos encontramos con un nivel recaudatorio muy por debajo del de la media europea. Para llegar a esa media se deberían obtener al año 7.700 millones de euros más (5.900 en la CAPV y 1.800 en Navarra)”. Para ELA, las razones que explican la mayor parte de esta diferencia son el elevado fraude fiscal existente en las rentas no salariales, que no se ha reducido, y el tratamiento privilegiado dado a las rentas altas, a las empresas y al capital, que se han beneficiado de múltiples rebajas de impuestos.
Por su parte, Muñoz ha denunciado que el Gobierno Vasco, el Gobierno de Navarra y las Diputaciones Forales hayan aceptado los límites de déficit público impuestos por Rajoy para el conjunto de las instituciones del Estado español. Los bajos ingresos y el límite del déficit han llevado a aprobar unos presupuestos caracterizados por destinar a las partidas sociales muchos menos recursos de los necesarios.
ELA subraya que el Acuerdo de Gobierno alcanzado para el Gobierno Vasco entre el PNV y el PSE-EE y el proyecto de presupuestos para 2017 aprobado por el Gobierno de Navarra, que fue consensuado entre Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, suponen seguir con la política fiscal y la política presupuestaria que han colaborado activamente al aumento de las desigualdades sociales y al empobrecimiento generalizado de la población.
Para ELA no hay duda de que los presupuestos de ambos gobiernos van a ser restrictivos. A falta de presentarse el proyecto de presupuestos del Gobierno Vasco para 2017, cabe recordar que en el Consejo Vasco de Finanzas, las Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco establecieron la previsión de recaudación de 2017 en 13.498 millones de euros, exactamente la misma cantidad anunciada hace un año para 2016. ¿Qué supone eso? Los presupuestos de 2017 se harán tomando como base esa previsión de recaudación. De este modo, los presupuestos del año que viene no van a tener posibilidad de incremento respecto al presupuesto aprobado para 2016. Teniendo en cuenta que aumentará el pago de la deuda, el resultado será que los presupuestos del año que viene para las partidas sociales se verán reducidos respecto a los aprobados para 2016.
El proyecto de presupuestos del Gobierno de Navarra para 2017 se ha presentado con un mero trámite de participación formal, sin ninguna posibilidad de incidencia real. Si bien se aumenta el gasto respecto a 2016 en Salud o Educación, eso no es suficiente para cubrir las necesidades sociales. Ni siquiera se revierten los recortes aplicados, como se constata con el dato de que el presupuesto de Educación en 2017 será inferior al de 2010. Por tanto, la política presupuestaria del Gobierno de Navarra no se corresponde a las demandas sociales de unos presupuestos sociales, participativos y soberanos.
En este contexto, ELA ha reclamado que las políticas presupuestarias y fiscales se pongan al servicio de la mayoría social. Es inaceptable que hoy en día sea una élite económica la que marca las líneas que tiene que seguir el poder político. Hay que romper con el discurso y la práctica de la alianza público-privada, que lo único que hace es crear espacios de encuentro y dar cobertura a que el poder institucional esté cooptado por el poder corporativo. Ha demandado a las fuerzas políticas que desean una transformación social en términos de justicia que no den apoyo a este tipo de presupuestos y políticas fiscales.
ELA se compromete a desarrollar una estrategia de socialización de su diagnóstico y de sus propuestas, con el objeto de impulsar una dinámica de movilización que presione al poder político para que cambie las políticas presupuestarias y fiscales.