ELA celebra la sentencia del TSJ que permite la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública

22/01/2015
Con su decisión desestima el recurso interpuesto por la Autoridad Vasca de la Competencia contra la Norma Foral de Gipuzkoa para el ámbito de obras públicas.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictado sentencia que resuelve contra el recurso interpuesto por la Autoridad Vasca de la Competencia, a través de los Servicios Jurídicos del Gobierno Vasco, contra la Norma Foral 4/2013 de incorporación de cláusulas sociales en los contratos de obras del Sector Público Foral. En concreto, el Organismo recurría la normativa basándose para ello en tres argumentos:

  • Ser contraria a la legislación laboral introducida por la Reforma laboral: posibilidad de descuelgue y prioridad aplicativa del convenio de empresa.

  • Ser contraria al derecho Comunitario.

  • Ser contraria a la libre competencia por implicar sobrecostes a las empresas.

Pues bien, el tribunal ha desmontado uno a uno los tres argumentos. En resumen, podemos afirmar que la Administración Foral está facultada para establecer unas obligaciones contractuales a sus licitadores, sin que ello suponga legislar contra legem. Es más, el tribunal llega a afirmar, en relación al último argumento relativo a la libre competencia, que exigir el cumplimiento de la legalidad laboral en ningún caso puede ser interpretado como una barrera discriminatoria.

En consonancia, ELA denuncia que la Autoridad Vasca de la Competencia se erige en ariete del neoliberalismo más feroz que pretende hacer desaparecer toda protección para los trabajadores y trabajadoras. Con sus actuaciones, tanto en esta materia como en la relativa a los horarios comerciales, el organismo siempre ha optado por proteger los intereses de los lobbies empresariales en detrimento de la clase trabajadora.

ELA se congratula, a su vez, por el precedente positivo que esta sentencia supone en relación con la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por el sindicato para la inclusión de cláusulas sociales en toda la contratación pública de la CAPV. Asimismo, ELA hace un llamamiento a todos los grupos políticos para que tomen nota y sean pioneros con una regulación que cierre la puerta a la explotación laboral en la administración pública.