ELA denuncia las irregularidades en Lanbide

El informe del TVCP pone de manifiesto las múltiples y irregularidades cometidas por Lanbide de modo continuado.

• La carencia de RPT provoca que las irregularidades sean una constante.

• En 3 de las conclusiones se asegura que los procedimientos seguidos no respetan los principios de igualdad, mérito y capacidad.

• En todas las convocatorias de provisión de puestos se concluye que existe indefinición en la convocatoria, que la ponderación de los criterios a valorar no está establecida y que los informes de valoración no están suficientemente motivados

• Se han modificado contratos sin justificación.

• Se han realizado contrataciones con diversas modalidades, sin ningún criterio, incluso variando el criterio después de solicitada la contratación.

• Se han realizado contrataciones en base a supuestos procedimientos sobre los que no hemos tenido ninguna información, hasta no leer este informe.

• El Tribunal finalmente dice que Lanbide DEBE elaborar la RPT; que los programas deben ser para necesidades coyunturales y definidas con claridad y que la provisión de los puestos debe realizarse respetando la normativa.

Por otro lado sorprende sobremanera que en los presupuestos de gastos de personal para el año 2012 se incluyan 750000€ para sustituir liberaciones por euskera y 675000€ para sustituir bajas, cuando es sabido por todos que no se ha permitido estudiar euskera al personal de Lanbide (sólo con la modalidad de esfuerzo compartido, en la que no se sustituye al personal), alegando que no existía RPT y que las sustituciones para cubrir bajas por IT han sido mínimas, si ha existido alguna.

Nada se dice en el informe sobre la contratación durante 6 meses de 125 administrativos, 25 orientadores y 4 técnicos, en noviembre de 2011, con la modalidad de acumulación de tareas, lo que nos lleva a pensar que el Tribunal no ha dispuesto de la información sobre esos contratos.

Especial significación tiene el voto particular emitido por el Presidente del Tribunal:

• Pone de manifiesto la eliminación de 5 conclusiones sin que para ello exista documentación nueva y la modificación de la redacción de otras, así como la inclusión de conclusiones sobre trabajos no realizados, algo expresamente prohibido por el propio Tribunal.

• Denuncia que el Tribunal ha modificado sus propios criterios evitando hacer su propia valoración en aquellos casos sobre los que existen sentencias.

• También es muy importante constatar cómo el Tribunal entiende que el supuesto programa de la RGI no es temporal ni coyuntural por lo que las contrataciones efectuadas no son para un programa temporal sino para una competencia atribuida a Lanbide.

Las alegaciones emitidas por el exdirector de la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco pretenden justificar todas las evidentes irregularidades por la dificultad de poner en funcionamiento el servicio. A pesar de las sentencias condenatorias en todos los procedimientos realizados insiste una y otra vez en negar que hubiese ningún tipo de irregularidad y, pretende reforzar esa opinión indicando que a día de hoy ese personal sigue ocupando los puestos, con lo que añade la contumacia a la irregularidad.

Una vez analizado todo el documento, desde ELA sacamos las siguientes conclusiones:

1. Es evidente que en todo el periodo analizado se han producido ilegalidades e irregularidades en la contratación de modo sistemático.

2. La carencia de RPT sirve como excusa para que los procedimientos sean menos exhaustivos y para negar derechos a los trabajadores y las trabajadoras.

3. Cabe pensar que el informe inicial se ha modificado, saltándose la propia

normativa del Tribunal, por intereses que más parecen tener que ver con la oportunidad política (hay que tener en cuenta que los miembros del Tribunal son nombrados a propuesta de los grupos políticos con representación en el Parlamento Vasco) que con desvelar las reales irregularidades habidas en Lanbide.

1. El Tribunal no ha podido analizar todas las provisiones realizadas sin procedimiento, es decir, “a dedo”, sencillamente porque no existe soporte documentado sobre las mismas.

2. El llamado programa RGI es a todas luces irregular y fraudulento y, por tanto, los funcionarios interinos contratados lo son realmente contratados en vacante aunque esta no esté formalmente creada.

Por todo ello denunciamos la actuación del Gobierno anterior que dio cobertura a todas estas irregularidades, más aún, tenemos la convicción de que la carencia de RPT ha sido provocada para facilitar la adjudicación de puestos al margen de la normativa.

El exdirector de la Oficina de Control Económico se retrata a sí mismo, negando las irregularidades a pesar de las sentencias. Creemos que sus alegaciones rozan la prevaricación al reafirmarse en mantener la validez de los procedimientos que han sido anulados por sentencia. En todo caso pensamos que las manifestaciones expresadas en las alegaciones denotan un absoluto desprecio a la normativa, convirtiéndose en un peligro para la democracia y una incitación a la corrupción.

Por todo ello:

Exigimos al actual Gobierno que inicie de modo inmediato la negociación para dotar de RPT a Lanbide a la mayor brevedad estando absolutamente de acuerdo con la conclusión del Tribunal que así lo exige. Es inexplicable que después de año y medio de Gobierno Urkullu siga sin cumplirse este requisito, cuando en la pasada legislatura el PNV promovió que el Parlamento instase al ejecutivo a realizar ese trámite en un plazo de 3 meses.

Denunciamos que en la propuesta de RPT se proponga adjudicar en propiedad los puestos provisionales otorgados irregularmente. Igualmente inexplicable que se pretenda consolidar unas decisiones que no respetan los principios de igualdad, mérito y capacidad, tal como está sentenciado.

Exigimos que la adjudicación de puestos se realice mediante un procedimiento negociado que garantice la concurrencia de todo el personal (los que provienen del SEPE, los que provienen del Dtº de Empleo y Formación del G V, los que provienen de EGAILAN, los contratados cuando Lanbide era Ente Público y los contratados por el Organismo Autónomo) y la objetividad del proceso.