ELA exige que la modificación del delito de desórdenes públicos no se aproveche para criminalizar la protesta pacífica

La proposición de Ley del PSOE y Unidas Podemos para reformar el Código Penal incorpora una modificación del delito de desórdenes públicos que, de aprobarse, recortaría el derecho fundamental a la protesta, ya que dicha proposición da nuevos pasos en su criminalización. Es un hecho especialmente grave si se tiene en cuenta que ambos partidos se comprometieron a derogar los recortes de libertades de la Ley Mordaza.

La proposición de Ley utiliza una terminología ambigua que permitiría calificar como delito acciones de protesta pacíficas que hoy no lo son, podiendo incluso comportar penas de prisión. La incorporación del concepto de intimidación (a personas y ‘cosas’) abre la vía a interpretaciones de todo tipo. Hasta ahora, para que una conducta fuese considerada desorden público se exigía un acto de violencia. Añadir la intimidación e introducir expresamente como delito la invasión u ocupación de locales, aun sin violencia, supone un intento de criminalizar la protesta pacífica.

La ley se va a aprobar en el Congreso este mismo jueves, 15 de diciembre. ELA celebra la derogación del delito de sedición, pero ello no debe llevar a aprobar un nuevo recorte de las libertades y del derecho a la protesta social. A pesar de las múltiples denuncias sobre lo que podría acarrear esta decisión, los grupos que forman parte del Gobierno han presentado una autoenmienda a la propuesta inicial que simplemente supone un nuevo añadido al texto inicial, sin cambiar el fondo del problema.

En este contexto, ELA exige que la modificación del delito de desórdenes públicos no se apruebe en el sentido que proponen los partidos que forman parte del Gobierno, y que se dé paso a las enmiendas presentadas por otros grupos que conforman la denominada mayoría de gobierno, que sí evitan que se criminalice el derecho a la protesta pacífica, que es un derecho fundamental de la ciudadanía.