ELA exige dar marcha atrás a las medidas propuestas por PNV y PSE y propone aumentar el gasto público al 2% del PIB

Por eso, y basándose en el dossier del Gabinete de Estudios presentado hoy ante los medios para analizar dicha Ley, exige que se de marcha atrás a las medidas propuestas y se aumente el gasto público al 2% del PIB. “Se necesita más dinero público y más medidas para que la vivienda sea accesible para todas las personas, es decir, sea un derecho”. Como por ejemplo, movilizar las 45.000 viviendas vacías para alquiler, limitar y controlar las Viviendas de Uso Turístico y los alquileres temporales, declarar tensionada toda la CAV, sin excepción y crear un índice de alquiler máximo de vivienda.

Graves carencias y consecuencias

Por un lado, Janire Landaluze, del Gabinete de Estudios de ELA, ha tildado de muy grave la pretensión que recoge la ley de rebajar del 75% al 60% en las nuevas promociones el porcentaje de vivienda protegida a construir. Es decir, con la medida del Gobierno Vasco se destinará un 15% menos de suelo a vivienda protegida. Esta medida responde a intereses empresariales, afirma.

Además, con la nueva ley se pretende blindar una disposición del reglamento de la RGI que posibilita excluir a los colectivos más vulnerables de percibir la RGI. Ya que para percibir la RGI se necesitará ser titular de una propiedad o de un alquiler, y por tanto, las personas que no tengan dicha titularidad se excluirán del RGI.

Respecto a las zonas tensionadas, Landaluze ha denunciado que las medidas que se aplicarán en las dichas zonas tendrán un impacto muy reducido. En el mejor de los casos, se congelarían los precios de alquiler de unas pocas viviendas, cuyos precios hoy en día son desorbitados. De esta forma no se aprovecha la ocasión para poner remedio a las deficiencias de la ley estatal de 2023. A su vez, reprocha a Diputaciones y el Gobierno Vasco la demora en el envío de la información necesario para fijar el índice de precios máximos de alquiler.

Falta de liderazgo del Gobierno Vasco

Por su parte, Aitor Murgia ha manifestado que “el Gobierno Vasco no está liderando la política de vivienda” y utiliza el ámbito competencial como excusa para no tomar medidas efectivas, pese a que cuente con competencias plenas para ello. “Dejar en manos de los ayuntamientos la declaración de zonas tensionadas, la aplicación de cánones por vivienda vacía o la limitación de viviendas turísticas son ejemplo de ello”. Además, considera que medidas como los avales para la compra de vivienda para las personas jóvenes o la construcción de viviendas asequibles son medidas que en vez de ayudar a al acceso a la vivienda, perpetúan los interesen privados y la especulación. 

ELA reivindica que para revertir esta situación, es necesario que el problema de la vivienda se aborde en su conjunto, para lo que es imprescindible:

• Garantizar el derecho subjetivo a la vivienda y poner fin a la alternativa de las prestaciones.

• Construir viviendas protegidas estrictamente de alquiler.

• Aumentar el gasto público de vivienda destinando al menos el 2% del PIB de forma permanente.

• Declarar zona tensionada toda la CAPV, sin excepción y crear un índice de alquiler máximo de vivienda.

• Movilizar las 45.000 viviendas vacías para alquiler.

• Avanzar hacia un modelo público de construcción de vivienda y limitar y controlar las Viviendas de Uso Turístico y los alquileres temporales.