El Gobierno de Navarra y EH Bildu dan la espalda a las reivindicaciones de la Huelga General del 11 de noviembre
El octavo acuerdo presupuestario entre los gobiernos presididos por María Chivite y EH Bildu sigue sin afrontar los principales problemas sociales de Navarra. El pacto para 2027, recoge algunas medidas positivas, como el incremento de la renta mínima prevista para las pensiones (aunque no se especifica el impacto que se prevé) o la ampliación del modelo D. Sin embargo, la mayoría son declaraciones de intenciones que se limitan a plantear estudios, evaluaciones y negociaciones posteriores, sin financiación, plazos ni compromisos concretos.
En materia de vivienda, el acuerdo no aumenta la financiación pública, que sigue representando únicamente el 1,6% del total del presupuesto, ni se ponen objetivos a los que se compromete el Gobierno o mecanismos de protección frente a los desahucios más allá de los que ya existen anteriormente. Este acuerdo no recoge las reivindicaciones que han llevado a la convocatoria de Huelga General del 11 de noviembre.
Se renuncia a una reforma fiscal de calado, y no se tocan de las rentas altas, los grandes patrimonios, los beneficios empresariales o los privilegios de las rentas del capital. Además, se cierra la posibilidad ha cualquier reforma fiscal fuera del pacto con el Gobierno de Navarra.
En cuanto a los principales compromisos acordados, hay que destacar que pasan por medidas sin ningún tipo de concreción. En sanidad y educación se anuncian ampliaciones de recursos, revisiones de ratios y mejoras de atención, pero sin concretar plantillas, financiación ni calendarios. Asimismo, el acuerdo no ofrece soluciones a los conflictos laborales que dependen del Gobierno de Navarra ni compromisos efectivos para mejorar las condiciones de las plantillas públicas. En materia de salud laboral, vuelve a plantearse un nuevo plan contra la siniestralidad sin garantizar más recursos para prevención e inspección.
Para ELA, el balance de estos ocho acuerdos presupuestarios es negativo, ya que la política presupuestaria y fiscal apenas ha cambiado, y las necesidades sociales siguen sin estar atendidas, como es el caso de la vivienda o el deterioro de la salud pública. El Gobierno de Navarra y EH Bildu han tenido ocho oportunidades para impulsar cambios estructurales y han vuelto a optar por el continuismo.